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Alerta institucional
Abel Córdoba, flamante fiscal de Neuquén que tuvo un rol protagónico en las causas por delitos de lesa humanidad que derivaron en los dos primeros juicios en Bahía Blanca, dejó su impresión respecto al alejamiento del juez Álvaro Coleffi del caso que involucra a Vicente Massot.
Categoría: Derechos Humanos

Abel Córdoba, flamante fiscal de Neuquén que tuvo un rol protagónico en las
causas por delitos de lesa humanidad que derivaron en los dos primeros juicios
en Bahía Blanca, dejó su impresión respecto al alejamiento del juez Álvaro
Coleffi del caso que involucra a Vicente Massot.

Cuando el doctor Hugo Cañón dejó su lugar en la fiscalía de Bahía Blanca
que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
militar, quien ocupó ese cargo fue Abel Córdoba que continuó esa labor y luego
encabezó justamente el trabajo de la fiscalía en los dos primeros juicios
contra represores que se hicieron en Bahía Blanca.
Casi llegando al final de 2014, el doctor Córdoba asumía como fiscal federal de
Neuquén y con él habló la gente de Radio Nacional Bahía Blanca para saber más
sobre sus nuevas funciones pero también para recoger su opinión respecto a lo
que ocurre con el caso Massot en Bahía. Recordamos que finalmente el juez que
entendía la causa, Álvaro Coleffi, se apartó de su cargo luego de una denuncia
de un secretario respecto a presunta imparcialidad.
Acerca del primero de los temas, su asunción en Neuquén, Córdoba explicó: “Es
un paso más importante que a partir de haber cumplido todo el procedimiento de
concursos y designación, finalmente juré en el nuevo cargo mi condición de
fiscal ante el tribunal oral federal lo cual es, entiendo no ya por mi caso
aislado sino por quienes conformamos esta tanda de juramentos, me da la idea,
conozco muchos de ellos y creo que es un paso más hacia democratizar las
estructuras judiciales dado que ninguno de los que estuvimos asumiendo y que
venimos del campo de derechos humanos estamos respaldados por ninguna
corporación ni ningún otro componente que el estudio y el trabajo. Me parece
que es un buen ejemplo de eso, insisto no ya en mi caso sino desde los que
varios asumimos nuevos cargos”.
Córdoba, que antes de hacerse cargo de la fiscalía neuquina estuvo formando
parte de los equipos de la Procuración General, señaló que desde allí se siguen
con mucha atención los procesos como los llevados a cabo en Bahía Blanca en
relación el enjuiciamiento de civiles responsables de Terrorismo de Estado: “Y
ahí las últimas noticias que hemos tenido, lo último que hemos conocido, las
resoluciones que hemos seguido, obviamente vuelven a encender alertas, vuelve a
resurgir la veta más cerrada de la corporación bahiense. Una de las
evaluaciones que al cabo de mi trabajo pude hacer allí es que el problema
principal, un balance que bien pude hacer, es que el problema principal del
avance ahí no es tanto la defensa, no son tanto los imputados sino quienes
están a cargo de las decisiones. En su momento fue el juez retirado Álvarez
Canale, luego el tribunal oral que hubo que remover y ahora nuevamente lo que
supe de la resolución que tomó el juez Coleffi es que nuevamente señala,
nuevamente vuelve a aparecer el trazo de la imposibilidad ante posiciones de
defensa de los acusados que no tienen mayor efectividad, el último recurso ya
son los propios actores judiciales. Es un componente gravísimo y obviamente que
marca un alerta institucional sobre la posibilidad de hacer esos juicios o no”.
Córdoba agregó que se ha acumulado cada vez mayor cantidad de pruebas lo cual
ha llevado a una mayor presión sobre los funcionarios a cargo de los
juzgamientos. “No es un problema de la causa, no es un problema de la claridad
de la imputación sino que es un problema de hacia dónde va el sentido de un
proceso que quizás en algún momento hubo alguna suposición de que se dirigía
solo a algunos responsables. El proceso de juzgamiento tiene que ser amplio,
tiene que ser abarcativo de todos los responsables y eso necesariamente pone en
el foco del proceso a responsables civiles como es el caso de Vicente Massot, los
abogados Girotti y Sierra y tantos más”.
Consultado sobre el juez Santiago Martínez consideró que “su actuación fue
variando con el tiempo, primero no tuvo intervención, luego fue gradual su
intervención, lo cierto es que las referencias que hace el juez o el ex juez
ahora, Coleffi, me parecen de una gravedad inusitada. Yo no conozco otro caso
donde alguien que está a cargo de un juzgamiento tenga que llegar a emitir esas
palabras para evidenciar una situación de gravedad institucional lo cual me
parece que amerita la intervención de otros órganos que determinen si eso
ocurrió de ese modo, cuál es la consecuencias que tiene para las víctimas que
ven paralizado el proceso. Hoy tenemos un acusado en esa jurisdicción, un
acusado como Vicente Massot que no tiene juez y que es más o menos lo
previsible en función de la relevancia política que excede obviamente la
cuestión probatoria. Me parece que ahí hay, sea Martínez o sea cualquier nombre
que sea, hay una situación de gravedad que hay que abordar”.
Para Córdoba no es producto del azar que una de las situaciones procesales más
delicadas que se pueda llegar a resolver, no tenga juez.

Entre futuros abogados y chicos
torturados
Tomando como eje lo que está ocurriendo en la justicia local cuyo último
grave incidente fue el referido al caso Massot, se le preguntó a Córdoba sobre
la educación universitaria que reciben los futuros abogados de la UNS de la
cual él mismo egresó: “Como tantos otros he egresado de ahí y actualmente,
además de mi desempeño en la procuración general, estoy en la dirección de una
diplomatura en una universidad del conurbano. Es decir, ahí se contrastan mucho
los modelos clásicos donde se replican los esquemas corporativos o esquemas de
educación que es difícil englobarla. Hay excelentes profesores pero en lo que
hace al nutrir de abogados concretamente para este tipo de trabajo, no ha
habido una estrategia de educación o de orientación hacia eso sino que quienes
hemos transitado esos lugares yendo muchas veces desde otros lugares ha sido
por impulsos o convicciones individuales o convicciones políticas que no tienen
que ver tanto con el trato, el contenido de una currícula o de una estrategia
dada para formar personas en materia de Derechos Humanos sino por vocaciones
individuales”.
En cuanto a su actualidad profesional teniendo en cuenta el trabajo importante
que venía haciendo en la procuradora, Córdoba detalló: “Yo hice una solicitud a
la procuradora que está a resolución, haciendo una evaluación de la gestión de
lo que ha sido hasta el momento en PROCUVIN y poniendo a consideración la
decisión que obviamente está en cabeza de la procuradora de seguir en este
cargo. A partir de los resultados que hemos tenido, que han sido destacados a
nivel nacional e internacional también dado que en algunas ocasiones tenemos
hasta asesoramientos o participamos en foros regionales con excelentes
resultados y con intercambios donde se destaca los desarrollos dados. Y por
otro lado por líneas de trabajo que hay de mediano plazo que es mi intención
continuar”.
Antes de concluir la entrevista, se hizo referencia al cierre de parte del
Instituto Luis Agote donde se produjo la muerte de un chico: “No son los
lugares los que matan a las personas, los objetos inanimados no agreden en si
mismos a sus víctimas, a las víctimas de la violencia institucional. Del mismo
modo hay una constante sobre todo en la comunicación de hablar de aparición con
muerte, si uno ve los titulares de los diarios que reflejan la muerte en las
celdas o la muerte en el encierro hablan de “apareció sin vida” siempre. Las
personas aparecen muertas, aparecen sin vida cuando hay una trama de violencia
institucional muy consolidada que no es solo carcelaria sino que también llega
a instituto de menores y por eso hemos tenido una víctima mortal de 17 años
nada menos, muerta por un incendio en una celda de castigo que es equivalente a
un buzón que las Naciones Unidas han declarado como inhumanas y ha calificado
los hechos como tortuosos”.
En ese sentido amplió: “Quien es sometido a esas condiciones, como esta
victima, está sometido a torturas. Esto nos da la indicación de todo lo que hay
pendiente y del riesgo que corre la vida de una persona cuando es encerrada,
cuando es privada de su libertad, tenga 17 años, tenga 20 y en eso los números
de muerte nos siguen alertando y por eso algunas de las líneas centrales de
nuestro trabajo están orientadas a trabajar con esas variantes.
El caso de la víctima en el Instituto Agote creo que es a la vez una alerta
sobre las violaciones de derechos humanos en la población joven o en la niñez
que nos parece que tiene una relevancia extra obviamente por el estatus
jurídico de alguien que tiene esa edad”.

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2015-01-30 00:00:00
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