Para
conocer cómo seguirá el debate en torno a la situación de Hugo Sierra, EcoDias
conversó con el fiscal Abel Córdoba.
En principio, Córdoba se mostró sorprendido por la designación ad hoc del
abogado Luis María Esandi para considerar la situación de Sierra. “Habría que
ver a raíz de qué interviene un abogado ad hoc, ya que la Fiscalía no ha sido
notificada de ningún procedimiento, de ninguna excusación ni de ningún sorteo, ni
tenemos conocimiento de cómo fue la designación”, precisó el fiscal a poco de
conocer la noticia de la excarcelación.
El procedimiento para la elección ad hoc de un abogado que cumpla funciones de
juez comienza cuando se registra una excusación o licencia por parte del
magistrado interviniente. Para su reemplazo, la Cámara Federal implementa un
sistema que contempla un sorteo entre diez abogados de la matrícula, que ella
misma designa.
“Entiendo que en estos casos se debería proceder como se ha hecho con el
Tribunal Oral: es decir, si no hay jueces locales, buscar un juez de las
jurisdicciones cercanas, dada la problemática que hay con estas causas”, opinó
Córdoba.
Consultado acerca de los pasos a seguir luego de conocida la orden de libertad
de Sierra dispuesta por Esandi, anticipó que “producida la liberación, lo que
la Fiscalía va a evaluar es la apelación ante la Cámara de Apelaciones. Por
otro lado, siguen vigentes los pedidos de detención tanto de Hugo Sierra como
de Gloria Girotti en primera instancia, que ya llevan cinco instancias de
reiteración”, recordó.
En torno a esto último, de hecho “el propio martes en que fue dispuesta la
detención de Sierra, la Fiscalía había denunciado un pronto despacho para
apurar ese trámite, que viene ya con casi diez meses de demora”.
“Es decir, por un lado se apelará esa medida, en razón de los fundamentos de
derecho que entendemos que existen, porque el Tribunal procedió de modo legal y
asegurando una medida que venía siendo postergada, dándole la entidad a la imputación
y la prueba que hay contra Sierra y contra Girotti. Y, por otro lado, sigue
vigente el pedido en primera instancia, en el cual insistiremos”, subrayó
Córdoba.
Al referirse específicamente a la liberación de Sierra, el fiscal opinó que “lo
más grave de esta situación, más allá de lo opinable de las facultades o no del
Tribunal Oral, es que se vuelve a consolidar en tiempo récord una situación de
impunidad que evidentemente tiene que ver con las personas de las que se está
tratando en la imputación. Los únicos casos donde hubo grandes demoras y donde
las imputaciones han sido por demás demoradas han sido las de Madueño, que no
pudo ser indagado pese a haber estado detenido, y por otro lado en el caso de
los dos abogados. Han sido las dos únicas imputaciones en que ha sido imposible
tener un avance, pese a la prueba que hay”, graficó a EcoDias
Luego de la orden de detención librada por el Tribunal sobre Sierra, el fiscal
pidió a los magistrados que idéntica medida recaiga sobre Gloria Girotti,
habida cuenta de la prueba que pesa en su contra, pero el Tribunal aún no ha
respondido a tal pedido.
Sin embargo, “la situación más grave es la que se da en primera instancia,
donde la medida (de detención de ambos imputados) sería indiscutida, y viene
siendo postergada sin ningún motivo, burocratizando el trámite y yendo
evidentemente a una postergación sin límite de tiempo ni fundamento, en
detenciones que son urgentes porque afectan el trámite de la causa, y donde la
prueba es contundente”, opinó.
“En este estado, hoy la causa en que se imputa a Sierra y Girotti no tiene
curso en primera instancia: la Cámara dice que tiene que ser el juez y éste
reconoció que había una plataforma ilícita, pero dijo que no iba a indagar a
los acusados. Entonces, se da una situación donde la persona está imputada, el
juez no la indaga y, por consecuencia, no hay resolución: es una causa
estancada en el inicio, donde ni siquiera hay una negativa. Esto en términos
jurídicos es inadmisible, y todos los meses que han transcurrido hasta ahora
han sido para tratar de remover esa voluntad de no avanzar”, añadió.
Ante el pedido de pronto despacho presentado el martes, el juez interviniente
dispone de cinco días hábiles para responder. De no hacerlo (al cierre de esta
nota no lo había hecho), la Fiscalía “planteará una queja por retardo de
justicia ante la Superintendencia de la Cámara Federal de Apelaciones”.