Treinta
y cinco años han pasado de aquella madrugada en que se iniciara oficialmente,
previa preparación de su llegada a través de la Triple A, el plan de exterminio
más atroz que la historia recuerde luego de aquel que el genocida Julio
Argentino Roca descargara sobre nuestros hermanos de los pueblos originarios.
Treinta y cinco años desde el momento en que también se inició la destrucción
económica de nuestra Patria, para que las minorías poderosas fueran
apropiándose del patrimonio nacional y finalizaran concretándolo desde los
inicios de la vida institucional post dictadura, y en su mayor despojo en los
90.
(…) Han llegado en muchos lugares los juicios, y aunque tardíos y aún
insuficientes, fueron y son un paño sustantivo en la bandera de nuestra lucha.
Nos queda mucho camino por recorrer para que en la República Argentina quede
para siempre erradicada la impunidad.
En ese camino árido de buscar justicia, desarrollamos institucionalmente en
conjunto con nuestros compañeros de la APDH Neuquén en los 80, la mayor
investigación y prueba judicial reconocida del país. La misma fue ampliada
luego con la tarea comprometida de la Fiscalía a cargo del ex fiscal Hugo Omar Cañón,
y hoy brillantemente profundizada por el actual fiscal Abel Córdoba. Así y todo,
aún no tenemos juicios.
Pero sí tuvimos durante seis años de instrucción, desde la anulación de las
leyes de impunidad e indultos en la causa Ejército, a cargo del juez Alcindo Álvarez
Canale, y tenemos ahora con el Tribunal Oral Federal (TOF), además del tiempo
desvergonzadamente desperdiciado por esos jueces, una sumatoria de
irregularidades que han contribuido a la prolongación de la impunidad de los
genocidas que actuaron en la ciudad y la región. Cuestiones que denunciamos
siempre públicamente, y que en el caso del Juzgado de Instrucción lo hicimos
ante el Consejo de la Magistratura, que desestimó casi despectivamente la misma
con argumentos cuya obviedad es lapidaria al decir que, en definitiva, “la
actividad judicial es pasible de errores por ser una actividad humana”. Es así
entonces que ese Juzgado que tiene varias elevaciones a juicio que no ha
resuelto, es un marcado y peligroso obstáculo en la búsqueda de justicia por
parte de víctimas sobrevivientes y familiares de desaparecidos y asesinados,
como así también para la búsqueda de los bebés apropiados por los perpetradores
del genocidio en esta ciudad, hijos de nuestras compañeras desaparecidas
Graciela Romero de Metz y María Graciela Izurieta, nacidos en este espacio en
el que funcionó el Centro Clandestino de Detenciones “La Escuelita”.
En ese mismo sentido, también debemos destacar la tarea llevada adelante por el
juez subrogante de la causa Armada, dr. Tentoni, una causa que contaba con muy
pocos elementos cuando debimos elevarla igual ante la proximidad de las leyes
de impunidad, que nos hubieran impedido hasta el haberla presentado.
Actualmente tiene una amplia investigación y un número importante de imputados,
cuya investigación e instrucción avanza sin pausa y entendemos que en el
transcurso de este año debería tener también fecha para su primer juicio oral.
En tanto, las maniobras de impunidad en la causa Ejército suma como
protagonistas a los jueces del Tribunal Oral Federal, y particularmente a su
presidente, dr. Leopoldo Velázquez, quien en contra de toda ética y las normas
judiciales se reunió con los abogados Diskin y De Mira, relacionados con la
causa cuando eso debe suceder con la presencia de todas las partes. También, e
increíblemente, se sumó a esa reunión alguien que era funcionario judicial,
actuando junto al ex juez fallecido impune Guillermo Federico Madueño como uno
de sus dos secretarios: hablamos del abogado Hugo Mario Sierra. A pesar de todo
esto sigue ejerciendo, por la complicidad institucional, como docente del Departamento
de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Que niega saber lo que pasaba en
aquel juzgado y niega sus propias acciones en el mismo. Lo mismo sucede con su
colega y por entonces también secretaria de aquel juzgado genocida, la abogada
Gloria Girotti. La misma que fue contratada hace cinco años para ejercer un
cargo en la Universidad Nacional del Sur, también en el Departamento de
Derecho, sin que sorprendentemente nadie lo advirtiera a pesar de conocerse
públicamente hace años todo lo que la relaciona con las operatorias judiciales
en ese Juzgado. Aun cuando su renovación contractual fue suspendida en
diciembre de 2010 para ser evaluados todos estos elementos por una comisión,
sabemos extraoficialmente que hay un intento institucional de renovárselo en
una resolución que cuenta al menos con diez firmas que no habría sido
presentada para evitar manifestaciones que los expusiera al cumplirse un nuevo
aniversario del golpe cívico militar genocida. De esta manera, estarían
rompiendo los compromisos establecidos públicamente en el Consejo Universitario
y de lo cual nadie habla hasta ahora.
Esta Universidad, oportunista y encubridora, encuentra en la posible
realización de los juicios en sus instalaciones, la manera de figurar en hechos
para los que no tiene ningún compromiso como ninguna política en el campo de
los Derechos Humanos, mostrando el perfil adecuado a la Bahía del Silencio.
Para ambos, abogados docentes de la UNS y ex funcionarios de la dictadura, la Fiscalía
ha solicitado su detención e indagatoria, que como en otros casos fue negada
por el juez Alcindo Álvarez Canale, y actualmente se encuentra apelada ante la
Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
Como si todo esto fuera poco, se suma la maniobra inconstitucional del juez
excusado de la causa dr. Gustavo Duprat. En noviembre de 2009, Duprat solicitó
su propia inhibición para entender en la causa y sus derivadas, por “parcialidad”
a partir de su alegada amistad con una de las víctimas del terrorismo de
Estado. Su excusación fue aceptada en febrero de 2010, con lo que quedó
apartado definitivamente. Sin embargo, violó esta excusación e intervino a
pesar de esa excusación desestimando un pedido para revocar las excarcelaciones
de los imputados en el juicio oral aún sin fecha, considerndo que no existía
“razón de urgencia alguna como para justificarla”. Su decisión fue avalada por
sus colegas del TOF. Todas estas indudables operatorias a favor de la
impunidad, han sido denunciadas de diversas formas y ante los organismos
correspondientes también por la Fiscalía.
El TOF generó en el último mes, tres fechas de posible realización del juicio
oral que esperamos. Dos de ellas fueron falsas, y la tercera ha entrado a
correr. Los expedientes les fueron elevados al TOF para hacerse efectivo el
primer juicio oral hace un año y medio. Sin embargo, sólo han promovido
falsamente esas fechas maliciosa y manipuladoramente con la difusión, además de
otros planos institucionales y la propagación mediática. A nuestro entender es
indudable el manoseo de la ansiedad de las víctimas sobrevivientes, como de la
angustia de los familiares que hace 35 años esperan justicia plena.
Durante años nos han advertido de cada paso judicial que debía hacerse cumpliendo
las pautas, resoluciones y aspectos legales para que pudiéramos actuar en la
causa. Es indispensable que este Tribunal actúe en los mismos términos, y
cumpla en notificar oficial y legalmente a la querella y a todas las partes
involucradas, la fecha del inicio de las audiencias, su modalidad, horarios,
lugar de realización, y todas aquellas medidas relacionadas para la puesta en
marcha del juicio oral. Es ilegal anunciar fechas si no se ha notificado en
primer lugar a las partes, y sólo después de esto se hará públicamente tal como
sucede en cualquier causa y cualquier tribunal. En tanto esto no suceda, no hay
legalidad ni legitimidad en cualquier anuncio del hecho, y hasta hoy nada hace
que se vislumbre que esa realidad se haya modificado. Por tanto no vamos a
avalar, como ya lo hemos expresado durante estos días, ninguna especulación
institucional o mediática que diga que ya está próximo el enjuiciamiento a los
genocidas.
No fuimos, no somos, ni seremos manipulables por quienes impulsan estos manoseos.
Como hemos hecho cada día de nuestros 25 años de existencia impulsando estos
juicios, seguimos resistiendo y luchando para que el silencio de la impunidad
que algunos funcionarios judiciales quieren prolongar, se llene cada día más de
infinitas voces en el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Porque nuestro
objetivo fue, es y será siempre ese.
Que esto que hacemos de reconstruir la memoria, de buscar la verdad y demandar justicia
nos ayude a convivir y compartir armando un gran árbol simbólico con los
nombres de todas y todos nuestros compañeros. Con los que cayeron en combate,
con los que sufrieron la tortura, la cárcel, la desaparición, y el exilio. Con
los que militan lejos. Con los humildes, con los simples, con los honestos, con
los leales, con los sacrificados…
Nuestra memoria colectiva debe ser ese gran árbol de raíces profundas en donde
los nombres de nuestras compañeras y compañeros militantes de la vida, jamás,
pero nunca jamás, sean arrancados y cuya sombra sea el refugio para nuestros
sueños de un país para todos. Y para que cada día haya más compatriotas que
puedan ejercer sus derechos a pleno, y que todos seamos artífices del destino común.
 Porque hoy el Nunca Más se
amplía por Jorge Julio López, Luciano Arruga, Silvia Suppo, Mariano Ferreyra, y
porque también exigimos cárcel para sus victimarios. Por el juicio, castigo y cárcel común para los
responsables civiles y militares de la dictadura genocida. Porque no olvidamos, porque no perdonamos, porque no nos reconciliamos y porque no queremos
que la patria desaparecida sea la patria
olvidada.
 
Eduardo A. Hidalgo, secretario
general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.