Luego de cuarenta y un años transcurridos desde la usurpación del poder por el Terrorismo de Estado, personificado en la dictadura cívico militar genocida previo paso por la Triple A como expresión clandestina civil y de las tres fuerzas armadas, organizada por los representantes empresarios y eclesiásticos que planificaron el Plan de Exterminio desde la civilidad y que pusieron en marcha los uniformados de entonces, hoy el fantasma de la impunidad vuelve a recorrer el cuerpo social e institucional de nuestro país.

Impunidad que tuvo su pico máximo en los veinte años que estuvieron vigentes las inconstitucionales leyes de Punto Final, Obediencia Debida e Indultos, gestadas durante la administración radical de Raúl Alfonsín, y anuladas luego por el gobierno del Frente Para la Victoria encabezado por el presidente Néstor Kirchner.

El neoliberalismo gobernante en la actualidad, cuyo rasgo central ha sido la operatoria de acción sicológica sobre la población para el logro de sus fines tanto electorales como de cada una de sus seudo políticas en marcha por parte de los grupos civiles mediáticos que integraron y se beneficiaron de aquella etapa genocida, como el caso de Clarín y la Nación solo por nombrar los dos más sobresalientes de entonces, gobiernan a través de lo que para quien suscribe es un Grupo de Tareas, sin picana y sin capucha, pero con la misma ideología, finalidad y violación sistemática de derechos humanos, y encabezados por un emergente y heredero de aquella civilidad empresarial de 1976.

El camino recorrido por este grupo empresarial del poder económico-mediático que es el que define los rumbos del gobierno, ha llevado al país en menos de un año y medio de brutal gestión al mayor endeudamiento de la historia (incluida la dictadura cívico militar genocida que promovieron en 1976) avasallando cuanto derecho humano estaba en vigencia y ejercicio por los ciudadanos argentinos, bombardeando desde los más básicos y esenciales como el trabajo, la salud, la educación, hasta la propia existencia de instituciones creadas a tal fin para su control y funcionamiento a las que cuando no borró de un plumazo las vació de financiación, que es el método encubierto de los burdos falsarios de esta seudo política.

No concluye allí su intentona grosera de parecer que gobiernan. En verdad son gusanos voraces que se fueron apoderando históricamente de la riqueza que produjo el trabajo de los argentinos hasta 2015 y que ellos consideraron siempre les fue arrebatada, porque nunca en su patética y criminal existencia de origen oligárquico estuvieron dispuestos a devolver en impuestos y contribuciones sus faraónicos excedentes como en cualquier sociedad igualitaria donde el que más tiene más contribuye, y sí se aprovecharon de la debilidad de gobiernos civiles que fueron proclives a tolerarles todo sin imponerles sin concesiones y con mano dura la autoridad popular de su poder, mientras ellos hacían monumentales negocios colgados de la teta del Estado al que vampirizaban corrompiendo a funcionarios que les facilitaron la continuidad de su depredación y desenmascarando que esa corrupción siempre surgió de su mano artera, con las complicidades de los que aceptaron, y no como una condición natural del ejercicio digno de la política como herramienta de cambio a la que pretendieron y pretenden estigmatizar para que la sociedad crea que los males están en ella.

Sin embargo sus atropellos llegaron también para ir contaminando y quebrando al Poder Judicial, ya de por sí anacrónico y ocupado por la gestión infame de un “partido judicial” encubierto, siempre dispuesto a responder al neoliberalismo como en cuanta dictadura controló el país con su silencio o acción antipopular para sometimiento del pueblo, y como complemento de la violación a sus derechos tal como sucedió entre 1976/83. Han permitido que por estos tiempos que corren, se haya dado el retroceso más atroz e inhumano luego de años de avance con las políticas sobre derechos humanos que se gestaron entre 2003/2015.

La impunidad vuelve a ocupar el centro de la escena, traída por estos herederos de la brutalidad del Terrorismo de Estado que buscan borrar una historia de la que son parte en el quiebre de gobiernos elegidos por el voto, e intentando en ese camino (como lo han hecho públicamente) hasta negar en estos tiempos la existencia de los desaparecidos de la mano de sus funcionarios pagos por nuestro dinero.

A través de mecanismos constitucionales sometidos a controles de la legislatura del Senado como los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) lograron luego validarlos de la mano de una genuflexa y cómplice seudo oposición, especialmente representada por el Frente Renovador y variopintos “autocríticos” del período 2003/2015 llegados a legisladores trepados desde su oportunismo a las listas electorales de lo que hoy han arrojado a los perros salvajes, el neoliberalismo en la Casa Rosada que al fin logró el objetivo de colocar a dos de sus esbirros (Rosenkrantz y Rossatti) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La presencia de estos dos hoy Ministros de la Corte, ha vuelto a poner en la picota nacional e internacional a la República Argentina y su real inserción mundial, lograda y destacada por la mayoría de los países del mundo en el plano de los Derechos Humanos arrastrando por la escoria el esfuerzo y lucha histórica en tal sentido de los Organismos de Derechos Humanos, como de las políticas públicas que se pusieron en marcha desde 2003 a 2015 de Memoria, Verdad y Justicia expresadas en el juzgamiento de los responsables militares y civiles (estos últimos pendientes hoy), por la aplicación del Plan de Exterminio y Apropiación de Bebes en el marco de un genocidio.

Tres de los Ministros de la Corte (Nolasco-Rosenkrantz-Rossatti), han habilitado nuevamente la impunidad como en oportunidad de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e Indultos. Han puesto en marcha ilegalmente una ley que fuera derogada en 2001 denominada del 2×1 para favorecer la libertad de genocidas condenados por Crímenes de Lesa Humanidad. Están violando la Constitución Nacional en sus acuerdos y convenios internacionales incorporados en oportunidad de su reforma en 1994 con relación a los delitos de lesa humanidad y genocidio que son imprescriptibles y no permiten la aplicación de ninguna ley que atenúe tal cuestión al igual que sus condenas judiciales. Esto es no solo ilegal e inconstitucional desde el punto de vista de lo establecido, sino una agresión y burla a cada asesinado, desaparecido, a víctimas sobrevivientes, familiares, organismos y esencialmente al pueblo argentino y sus instituciones de la democracia. Es decir a la democracia misma. En tanto el gobierno neoliberal intenta despegarse de su propia maniobra con estos funcionarios con la misma estrategia de la mentira con que llegó a la Casa Rosada, obteniendo solo del conjunto de la sociedad mayor descreimiento por lo evidente de su participación en esta decisión.

El pueblo argentino esta movilizado. Muchos de los dignos funcionarios del Poder Judicial están resistiendo tal medida. Octubre es el primer escalón para ir despejando el camino del neoliberalismo y sus cómplices definitivamente, y volver poco a poco al respeto de las instituciones facilitando nuevamente el ejercicio de los Derechos Humanos de cada argentino.

*Por Eduardo Alberto Hidalgo
Secretario General
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca