El Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales rectificó las normas de cuota de pantalla.

El 11 de julio pasado el INCAA dio a conocer las modificaciones hechas a las
normativas sobre la cantidad mínima de cine argentino a exhibir en las salas
comerciales del país en la resolución 1050/2018, publicada en el Boletín
Oficial de la República.
La intención sería “ampliar la oferta cinematográfica, la diversidad cultural y
proteger la producción nacional” ya que cambios previos a la Ley 17.741 de 2001
-conocida como Ley de cine- habían la habían reducido y casi dejado a la
conveniencia o la buena voluntad de cada exhibidor o distribuidor.
No se necesita ser un experto en estadística para comprobar que de la cantidad
de títulos locales estrenados en Capital sólo se distribuye un porcentaje
mínimo en el resto del país y algunos ni siquiera llegan a estrenarse y se
ofrecen en ciclos o circuitos paralelos impulsados por los propios realizadores.

Esta última resolución intentaría hacer que la ley vigente se cumpla no tanto
para imponer la producción local, como para evitar que las distribuidoras -mayoritariamente
estadounidenses- acaparen por completo el cronograma de las pantallas
disponibles.
Una circunstancia que siempre ha dificultado saber si se cumple con la cuota es
que no se trata de un número fijo de films a exhibir o un tiempo determinado de
sostenerlos en cartel, sino de un coeficiente relacionado con la cantidad de
butacas, pantallas y horarios.
Algo que ha servido para escamotear funciones en favor del tanque de turno y
hasta boicotear la posibilidad de que cierto film -nacional o no- llegue a la
cifra de asistencia media y permanezca otra semana en cartel.
En tiempos en que la oferta de material audiovisual es tanta y en tantas
pantallas se hace difícil el sostenimiento de las salas y es entendible que sus
responsables se inclinen a ofrecer aquello que -piensan- lleva más
espectadores, pero como instrumento de cultura también deberían dar a probar
más que el usual menú pochoclero.
Un tira y afloja en el que no sólo interviene el mercado, sino también la
capacidad de fiscalización del propio INCAA, que hasta el momento no parece ser
suficiente.