El texto que obtuvo dictamen de mayoría
en la Cámara de Diputados sólo se refiere a las actividades productivas “con
fines de lucro”. Un diputado lo aprobó en disidencia y propuso incorporar a las
cooperativas de trabajo.

El dictamen de mayoría del proyecto de Ley de Emprendedores que se discutirá
próximamente en el recinto de la Cámara de Diputados excluye a las
cooperativas, que -si bien son entidades no lucrativas- pueden realizar
actividades productivas con la ventaja de estar dirigidas a satisfacer
necesidades de sus asociados y estar democráticamente gestionadas.
En ese sentido, aunque constituyen una forma jurídica ideal cuando se procura
generar un impacto social o ambiental en beneficio e interés colectivo,
quedarán fuera del alcance de esta ley si se aprueba tal como está su artículo
2º, que define al emprendimiento como “una actividad productiva con fines de
lucro”.
El diputado Luis Cigogna (Fpv – La Pampa) presentó una disidencia –con apoyo de
legisladores del Bloque Justicialista y el Frente Renovador, entre otros– a
través de la cual propone incluir a este tipo de empresas, “entendidas como una
asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer
frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”.

De cualquier manera, limitó esta observación a las cooperativas de trabajo, lo
cual sigue dejando fuera a las iniciativas de cooperación vinculadas al consumo
o la producción agropecuaria, por ejemplo.
En los fundamentos de su presentación, Cicogna advirtió que el texto ingresado
por el Poder Ejecutivo nacional “no incluye a los trabajadores y trabajadoras
de empresas recuperadas y/o cooperativas”, quienes enfrentan “un desafío de
gestión y administración asimilable al que enfrenta quien comienza con una
actividad productiva innovadora, porque se trata de un modelo de gestión
innovador y desafiante”.
Asimismo, consideró que “en estos procesos de producción prevalecen los fines
sociales por encima de los fines económicos pero sin descuidar estos últimos y
con el objetivo último de contribuir a un desarrollo económico socialmente
inclusivo y equitativo con impacto local y regional”.