UNS y dictadura Locales

Fecha: Sábado, 28 Mayo, 2011 - 14:56

Vergüenza

Por mayoría, el CSU decidió hacer lugar a la continuidad de la abogada Gloria Girotti en un cargo docente del Departamento de Derecho de la UNS. Está acusada de participar de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo la última dictadura militar, cuando era secretaria del Juzgado Federal 1 a cargo de Guillermo Madueño.

Tras una discusión que se extendió por más de dos horas, el Consejo Superior Universitario (CSU) sometió a la consideración de sus miembros los dos dictámenes en torno a la continuidad de la abogada Gloria Girotti en un cargo docente con dedicación simple en la cátedra de Derecho en los Contratos, que se dicta en el marco de la carrera de abogacía que

ofrece la Universidad Nacional del Sur (UNS).
La votación tuvo un resultado reñido: con veintiocho consejeros presentes, quince de ellos optaron por revalidar el cargo para Girotti, sin hacer consideraciones sobre su idoneidad moral, ampliamente cuestionada por los doce miembros del CSU que se expresaron por el “no”. Al finalizar la compulsa, miembros de organizaciones de Derechos Humanos, de partidos políticos y de la comunidad que se acercó al recinto, hicieron sentir su bronca ante la decisión mayoritaria, que no tuvo en cuenta la abrumadora evidencia en contra de la abogada en cuestión.

Breve historia de la historia
Los lectores de EcoDias están familiarizados con el historial que registran Gloria Girotti y su colega Hugo Mario Sierra, también docente de la UNS. Durante la segunda mitad de los años '70, ambos fueron secretarios del Juzgado Federal 1 entonces a cargo de Guillermo Federico Madueño, quien fue procesado por su participación en la maquinaria de terror, secuestro y tormento que ancló en nuestra región en el ámbito del V Cuerpo de Ejército. El ex juez falleció impune en agosto de 2010.
La primera objeción a la reválida de Girotti al frente de la materia en cuestión se presentó en el recinto del CSU la noche del 15 de diciembre de 2010, cuando debía decidirse si hacer lugar a la decisión del Departamento de Derecho, que daba luz verde a la reválida, o se considerarían los elementos planteados por la oposición.
Éstos se vinculaban con la probada participación de Girotti en hechos que configuran crímenes de lesa humanidad, en dos líneas fundamentales: acción y omisión.
Siete días más tarde, los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño elevaron al juez de primera instancia Alcindo Álvarez Canale un pedido de detención e indagatoria hacia Sierra y Girotti, además de solicitar el allanamiento de sus estudios jurídicos y domicilios particulares. La solicitud tenía como fundamento la abundante prueba documental y testimonial contra los letrados, cuyos casos son prácticamente iguales. A Girotti, puntualmente, se le imputó desde archivar sin más investigación las denuncias por desapariciones y secuestros hasta el hostigamiento posterior a familiares y víctimas. Pero la acusación más grave es la de haber participado en interrogatorios bajo tortura a personas ilegalmente detenidas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “La Escuelita”, que funcionaba en dependencias del V Cuerpo de Ejército.
Con inusitada celeridad -había demorado dos años y medio en expedirse sobre la responsabilidad del ex juez Madueño-, el juez vitalicio Álvarez Canale decidió en una semana no hacer lugar al pedido de la Fiscalía, que apeló a la Cámara Federal de nuestra ciudad.

Incongruencias varias
Todavía no se había expedido la mencionada instancia de Apelaciones, cuando la comisión de Enseñanza del CSU elaboró un dictamen respaldado por una decena de firmas, en que consideraba como única fundamentación que “no existen razones legales” para negar a Girotti el acceso a la reválida en el cargo.
El dictamen fue firmado el 2 de marzo, pero permaneció oculto hasta que la Cámara Federal falló en contra del recurso interpuesto por el fiscal Abel Córdoba. Como firmantes del documento aparecen los mismos magistrados que dejaron en libertad a treinta y seis represores, acusados de violaciones a los derechos humanos y que, en muchos casos, registraron en su momento carácter de prófugos. Vicepresidente de la Cámara es Néstor Montezanti, quien prestó servicios como “asesor universitario” del Destacamento 181 de Inteligencia del Ejército Argentino durante la última dictadura militar; uno de los preciados buchones de la peor época vivida por los argentinos.
Por su parte, el dictamen del asesor letrado en que se basa el expediente es anterior incluso a esa fecha, ya que está concluido el 28 de febrero de este año.

Razones para el “no”
Esta incongruencia de fechas, que aseguraba que no existían razones legales en contra de Girotti cuando aún la Cámara no había dejado firme el fallo de primera instancia, fue el primer argumento esgrimido por quienes se oponían a la designación de la letrada al frente del cargo docente. En el debate, ni el secretario del CSU Diego Duprat ni el decano de Derecho Andrés Bouzat pudieron explicar esta clara contradicción del dictamen por el “sí”, elaborado por las comisiones de Enseñanza e Interpretación y Reglamento y respaldado por una docena de firmas.
Casi cuarenta considerandos más configuraban el corpus argumental del “no”. Los más importantes estaban vinculados a los hechos que los fiscales Castaño y Córdoba consideraron probados, y se han enumerado anteriormente en esta misma nota.
Además, había razones de índole moral e institucional. Por caso, el texto recordaba la incongruencia como la que la designación de la letrada marcaría, ya que “resulta evidente que a través de varias resoluciones de sus órganos de gobierno y de actos públicos, la UNS ha honrado y honra la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y que se ha manifestado claramente a favor de mantener una memoria activa que impida el olvido de los hechos dramáticos vividos en el país en los años ‘70 y ‘80”.
Por otra parte, entendía que la actuación de Girotti en el Poder Judicial durante la última dictadura cívico militar “no condice con los objetivos fijados en el Art. 2º del Estatuto de la Universidad Nacional del Sur como tampoco con los preceptos referidos a la formación democrática de los alumnos y a las condiciones morales de los docentes, establecidos en normas tales como el Estatuto Docente, la Ley 26.206 (de Educación Nacional) y la Ley 24.521 (de Educación Superior)”.
“Una funcionaria que al tiempo en que se violaban sistemáticamente los derechos humanos demostró connivencia, o por lo menos tolerancia con los responsables de dichos crímenes, contraría el fortalecimiento de un Estado de Derecho y determina carencia de autoridad moral para inculcar en los alumnos, y en particular en los futuros abogados, los valores establecidos en el Estatuto de la Universidad Nacional del Sur”, añadía el dictamen, defendido en el recinto por los consejeros Telma Alonso (Integración), Adriana Rodríguez (decana del Departamento de Humanidades), Romualdo Vera, Roberto Cimatti (ambos de la no docente lista Azul) y Cristian Kreber (MNR Desafíos).
Por último, los consejeros firmantes remarcaron que “no se conoce que la abogada Girotti con posterioridad a su paso por la esfera judicial haya colaborado en las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bahía Blanca ya que por su cercanía con los hechos debe contar con información valiosísima”.

Apologías y rechazos
Apelando a los derechos adquiridos por Gloria Girotti en un llamado a reválida ya avalado por el Departamento de Derecho y sosteniendo que la mencionada letrada aún no ha sido condenada por el Poder Judicial, los docentes titulares y auxiliares de las listas Blanca, Universidad, Línea Phi y Auxiliares del Sur y la mayoría de los decanos dieron luz verde a la continuidad de la ex secretaria de Guillermo Madueño.
Mediante la introducción en el debate de tecnicismos, los abogados Bouzat, Lombardi, Carlaván y Arruiz defendieron a su colega Girotti, al igual que la ex candidata a rectora Andrea Castellano. Mientras el primero de los nombrados justificó la designación en el postulado de que el concurso no había sido invalidado en primera instancia, los restantes se centraron en un supuesto garantismo que por un lado enarbolaba como bandera la decisión de los estrados de primera instancia y Apelaciones y, por otro, solicitaba seguir un “debido proceso”, que implicaría un “juicio académico” a la letrada cuestionada, a fin de “darle las posibilidades de defensa que no tuvieron las víctimas” del terrorismo de Estado, según la consejera Carlaván.
En inverso sentido se expresaron los consejeros que anticiparon su voto negativo a la designación a Girotti. La bioquímica Telma Alonso, por caso, explicó que la abogada logró permanecer hasta ahora en el plantel docente sin cuestionamientos por su accionar en la década del ’70 a raíz de que, hasta hace algún tiempo atrás, los expedientes del CSU no consignaban los nombres de los concursantes.
Por su parte, la decana del Departamento de Humanidades Adriana Rodríguez agregó a las fundamentaciones considerandos basados en tratados internacionales en la temática de derechos humanos y garantías, aplicables a casos como el tratado.

Los nombres, los rostros
Estos son los nombres y la filiación política de los consejeros que votaron por la afirmativa para la consulta de secretaría que resumió la cuestión en “sí” para la continuidad de la abogada y “no” para la interrupción de su ejercicio docente con dedicación simple en la cátedra Derecho en los Contratos:

Guillermo Lucanera (Lista Blanca)
César Lombardi (Lista Blanca)
Gastón Milanesi (Lista Blanca)
Andrea Castellano (Línea Phi)
Sebastián Arruiz (Auxiliares en Línea Phi)
Diego Martínez (Línea Phi)
Miguel Ángel Cantamutto (Lista Universidad)
Adriana Lista (Universidad)
Valeria Scherger (Auxiliares en Phi)
Paula Carlaván (Auxiliares del Sur)
Andrés Bouzat (Decano del Departamento de Derecho, Línea Phi)
Pedro Doñate (Decano del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, Línea Phi)
Liliana Castro (Decana del Departamento de Matemática, Lista Blanca).
María Susana Rodríguez (Decana del Departamento de Química, Lista Universidad).
Miguel Lliteras (Decano del Departamento de Ciencias de la Salud, Lista Blanca).

Cuando el último de los votos fue expresado -se mocionó para que la decisión fuera nominal-, y el secretario del CSU Diego Duprat realizó el escrutinio, el resultado arrojado fue de quince en pro de la extensión por siete años del cargo para Girotti y doce por la negativa. El decano Sabbatini se abstuvo.

Entre recriminaciones a los consejeros que realizaron el alegato de la ex secretaria de Madueño -Castellano, Lombardi y Carlaván fueron los más cuestionados- las decenas de personas que se congregaron en la puerta de la sala, sita en el segundo piso del edificio de Avenida Colón 80 comenzaron a corear consignas tales como “Consejo, basura, vos sos la dictadura”, mientras un asistente advertía “a los del ‘sí’: “Ustedes serán los responsables por la muerte de nuestros compañeros”. El rector Crapiste, que en declaraciones posteriores a medios televisivos pareció no entender que la continuidad de Girotti significase peligrosa en la formación de los futuros letrados, entendió que los cánticos del público configuraban “amenazas e insultos” a los consejeros. “No mientas: no hubo amenazas. Estás diciendo eso para que quede en actas, pero es mentira”, le respondieron los asistentes.

No tiene excusa
El consejero de la Lista Blanca César Lombardi apoyó la reválida a Gloria Girotti e incluso alegó en favor de la continuidad de la letrada.
Sin embargo, todo indica que no debió hacerlo: el propio Lombardi resultó uno de los firmantes del acta emanada del Departamento de Derecho y como jurado en la reválida de la abogada aconsejó al CSU el visto bueno para refrendar el trámite.
De acuerdo a esta interpretación, el mencionado consejero debiera haberse excusado de emitir voto en torno a las objeciones presentadas, ya que resultaba impensable que votase en contra de lo que él mismo recomendaba.
El artículo 58 del reglamento del cuerpo establece que podría pedirse la recusación del consejero e incluso podría caberle la destitución de su banca, decisión que, en tal caso, quedaría en manos de la Asamblea Universitaria (AU).
Textualmente, el texto marca que “será causal de destitución no excusarse un Consejero debiendo hacerlo, o no recusar a un consejero conociendo la causal que lo afectare”.

Unánime por allí
Así como, salvo tres excepciones en el global, el sector docente y los decanos votaron por la afirmativa, es dable destacar que el conjunto de los consejeros estudiantiles se pronunciaron por el rechazo a la reválida de Girotti.
En bloque, los estudiantes de las listas Unidad, MNR Desafíos, Generación, Sur y Grupo Académico respondieron con un taxativo “no” a la consulta formulada desde la secretaría del cuerpo en el voto nominal pronunciado.
Extraño es el caso de la lista Sur, cuya consejera Nora Piatti acompañó la postura de su claustro. Un compañero suyo, Marcelo de Dios, resultaba firmante del dictamen que desde el 2 de marzo aconsejaba confirmar en su cargo a la abogada Girotti.

Los no docentes, también
A la voz de Roberto Cimatti y Romualdo Vera, los trabajadores no docentes sumaron el repudio que su sindicato SiTUNS expresó en un comunicado emitido pocas horas después de la votación que tuvo lugar en el segundo piso del edificio de Avenida Colón 80.
“Este nombramiento contradice los valores estatutarios que establecen como fin de la universidad ‘el respeto por las normas e instituciones de la Constitución Nacional’ dado que Gloria Girotti carece de autoridad moral para inculcar estos valores en los alumnos que egresarán como abogados”, considera el documento.
Y agrega: “Toda la sociedad se debe una autocrítica profunda respecto a la complicidad civil y de los funcionarios judiciales con la dictadura militar y, en este sentido, la Universidad debe asumir un verdadero compromiso con la Memoria y la Defensa del Estado de Derecho”.

Autor: Redacción EcoDias