Salvatore Mancuso, uno de los jefes de los grupos paramilitares de la ultraderecha colombiana, admitió ante la justicia haber ordenado el asesinato de al menos 336 personas. Este padrino mafioso de uno de los escuadrones imputados de crímenes y crueldades contra la población civil reveló también actuaciones para intimidar a favor de la elección de los dos últimos presidentes, y confirmó que sus hombres se han infiltrado en el ejército, la policía y la fiscalía.
Estas confesiones de Mancuso, un adinerado ganadero del norte de Colombia de ascendencia italiana no son gratuitas. Estas revelaciones tienen el propósito de obtener un trato beneficioso por su “colaboración” con la justicia. El jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC), hizo un relato de los delitos cometidos desde el año 2002, y mencionó expresamente a varios militares como cómplices de los escuadrones de la ultraderecha. También admitió haber ordenado varias masacres contra campesinos, y atentados contra sindicalistas, alcaldes, fiscales y miembros de organismos de derechos humanos.
Como lo habían denunciado organizaciones sociales y movimientos populares, Mancuso confirmó que su grupo infiltró las fuerzas de seguridad del estado, incluyendo el DAS, la policía secreta. El jefe paramilitar dijo que se ejerció presión “fusil en mano” para que los pobladores de las regiones bajo su influencia votaran por Andrés Pastrana, el anterior presidente de Colombia. Dijo que fue todavía más fácil influir a favor del actual presidente Álvaro Uribe, porque “su discurso era similar al nuestro”.
La desmovilización de los paramilitares de las AUC terminó en abril del año pasado. El gobierno lo llamó “proceso de paz” y permitió el “reintegro a la sociedad“ de más de 30.000 hombres que integraban estas fuerzas ilegales, acusadas de asesinar a los activistas sociales y a supuestos colaboradores con la guerrilla, imputados también por robos, violaciones y otros delitos con la utilización de un alto grado de violencia y de crueldad. De ellos, solamente un medio centenar de sus jefes aguardan proceso por delitos de lesa humanidad.
La oposición y organismos defensores de los Derechos Humanos temen que finalmente gran parte de los imputados no lleguen a recibir condenas o que terminen amnistiados por el presidente, a quien muchos de los imputados consideran “su socio”.

Por Carlos Iaquinandi, Agencia SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa. www.serpal.info