Universidad Nacional del Sur Locales

Fecha: Lunes, 29 Agosto, 2011 - 11:59

Una apuesta por la convivencia

El martes 23 se desarrolló la primera de las reuniones de discusión y análisis de torno a la elaboración de un código que rija la convivencia en la UNS. La normativa reemplazará al Reglamento de Admisión y Disciplina para Alumnos que la intervención militar promulgó durante la dictadura y el CSU derogó hace tres meses.

En respuesta a la convocatoria de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior Universitario (CSU), el martes 23 de agosto pasado se desarrolló en la sala del cuerpo resolutivo del edificio de avenida Colón 80 la primera de las reuniones de discusión y análisis para la elaboración de un Código que regule la convivencia de la comunidad de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
El encuentro estuvo abierto a todos los claustros que componen la familia universitaria, aunque contó con la llamativa ausencia de la mayoría de los miembros que representan a los docentes en el CSU. Sólo Telma Alonso, por Integración, y Andrea Castellano, por Línea Phi, participaron del debate. A ellos se sumaron representantes de los gremios no docentes, y estudiantes de las listas Generación UNS y MNR Desafíos.
La discusión en torno a la elaboración de la eventual normativa reside en que, de aprobarse, reemplazaría al Reglamento de Admisión y Disciplina para Alumnos que la intervención militar, cuyo referente era Julio Lucero, promulgó en septiembre de 1977 y el CSU derogó en una sesión plenaria de mayo de este año.

Lo viejo
El mencionado Reglamento de 1977 consideraba un impedimento para la admisión de los aspirantes el que registraran “antecedentes de carácter subversivo o actividad disociadora en los respectivos organismos de seguridad”. También excluía a los procesados o condenados por presunta comisión de delitos “con relación a la seguridad nacional”. Finalmente, tampoco admitía a los presos políticos puestos a disposición del Poder Ejecutivo “en virtud de la vigencia del Estado de Sitio”.
La normativa entendía por otra parte como motivo de sanción la “desobediencia (sic) a las órdenes o directivas impartidas por un profesor, docente auxiliar o autoridad universitaria, dirigidas a mantener el orden o evitar acciones de indisciplina cuando no implique una falta mayor” y estipulaba una pena de entre un mes y un año de suspensión a la demostración de “actitudes, expresiones o presentación personal contrarias al decoro o las buenas costumbres”, que no detalla.
Sí era explícita, en cambio, en su artículo quinto, que preveía una pena de suspensión de dos a seis años “o expulsión” a quienes realizaran “en la Universidad actividades que asuman formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter público o gremial, docente, estudiantil y no docente”.
Por increíble que parezca, y aunque no se aplicaban en los hechos, los mencionados artículos estuvieron en vigencia hasta este año, cuando el grupo Generación UNS presentó un proyecto que proponía derogar el Reglamento en forma total, ofreciendo como fundamento lo dispuesto por el propio Estatuto de la UNS, que establece un “grado de igualdad entre los alumnos y los demás integrantes de la comunidad universitaria” de tal magnitud que ordena “un sistema de cogobierno por claustros, donde los alumnos tienen la misma cantidad de representantes que el claustro docente”.
En primera instancia, el proyecto de Generación fue tratado en la sesión plenaria del 13 de abril pasado. Pero el oficialismo -con la mayoría aportada por las listas Blanca, Auxiliares del Sur, Universidad y las estudiantiles MNR Desafíos y Unidad- lo envió nuevamente a la Comisión de Interpretación y Reglamento, objetando el presunto “vacío legal” que se produciría ante la ausencia de otra normativa que ocupe su lugar.
Algunas semanas más tarde, el proyecto volvió al recinto. Para evitar la sensación de vacío legal, el nuevo texto -respaldado por firmas ligadas a la conducción de la gestión universitaria- encomendaba a la mencionada Comisión la elaboración de una nueva legislación, para lo cual aconsejaba “iniciar instancias de consulta y participación de todos los miembros de la comunidad universitaria”. Ese paso fue el que empezó a cumplirse el martes pasado, en el propio recinto del CSU, en una reunión donde tomaron parte miembros de los tres claustros que conforman la UNS.

Lo nuevo
Aunque todavía no se avanzó en pos de la redacción de un proyecto consensuado, el jueves 25 la Secretaría General del CSU envió a los asistentes a la reunión antedicha un memo donde se dejaba constancia de los principales puntos discutidos en la ocasión. Además, el correo electrónico al que se adjuntó el archivo invitaba a proponer modificaciones a las que el borrador se encontraba sujeto. La dirección para enviar las sugerencias es justamente csuperior@uns.edu.ar.
“Al permitir la participación en los procesos de creación de nuevas instituciones se permite que las personas se sientan identificadas y las respeten. Así, se logrará que no se esté promulgando solamente un reglamento, sino una construcción colectiva. Al escuchar muchas voces y abrir el debate, la misma será plural, diversa, amplia y no le pertenecerá a nadie, sino a quien la construyó: la Comunidad Universitaria en su totalidad”, comienza el texto de resumen.
A continuación, desarrolla dos grandes puntos de análisis a los que los asistentes se abocaron durante el encuentro.
El primero de ellos tiene que ver con el ámbito de aplicación del eventual Código de Convivencia. En principio, el documento comienza poniendo de relieve que “la relación entre todos los miembros de la comunidad universitaria debe estar basada en una relación de respeto mutuo; la única prerrogativa que pueden tener los docentes sobre los estudiantes debe estar dada en el plano estrictamente académico. Para todas las demás cuestiones, la relación tiene que ser de pares”.
En tal sentido, cita al propio Estatuto de la casa de estudios, que estipula que el “grado de igualdad entre los alumnos y los demás integrantes de la comunidad universitaria es tal, que establece un sistema de cogobierno por claustros donde el claustro estudiantil tiene, en algunos casos, la misma cantidad de representantes que el claustro docente”. “Incluso, es muy importante recordar que el Estatuto de la UNS no hace distinción de claustros cuando se refiere al régimen disciplinario”, agrega el memo.
“Dado que las conductas reprochables son comunes a todos los miembros de la Comunidad Universitaria y replicando la concepción igualitaria que promueve el mismo Estatuto de la UNS, vemos innecesario establecer una norma de Convivencia para cada claustro por separado”, concluye.
Durante la reunión del martes 23, “se hizo hincapié en que la misma tiene que versar sobre las situaciones donde existe interacción entre los miembros de la comunidad universitaria sin distinción de claustros, dejando de lado las cuestiones de la función laboral de cada uno, que en algunos casos ya está reglamentada por normas superiores”, como los procesos de juicios académicos en el caso de los trabajadores docentes y el Convenio Colectivo de Trabajo en vigencia para los no docentes.
El segundo punto al que se dio especial desarrollo durante el encuentro interclaustros, fue sobre la necesidad de establecer necesariamente un proceso de conciliación luego de producido un diferendo. “Hubo acuerdo en que el espíritu de la norma debe ser distinto del anterior régimen derogado; se debe buscar el entendimiento de los involucrados ya que se trata de personas adultas. Por lo tanto, estipular instancias de conciliación es importante, pero sostenemos que debería ser solo para casos de faltas leves que deberán estar estipuladas de antemano”, resume el documento en consideración.
En cuanto a la esfera bajo cuyo cargo estará la aplicación de las sanciones, uno de los puntos discutidos incluyó el debate sobre si debía dejarse al consejo departamental de cada unidad académica tal autoridad o si, por el contrario, la decisión debía ser centralizada.
La propuesta de otorgar el poder sancionatorio a los departamentos tropieza con dos problemas importantes. El primero de ellos se presenta si el caso a juzgar proviene de una situación en que quedan incluidos dos o más departamentos de la casa de estudios. El segundo es que tal disposición iría en contra del principio de igualdad que el texto defiende en sus primeras líneas, por una sencilla razón: a diferencia de los docentes o estudiantes, los trabajadores no docentes no cuentan con representación en los consejos departamentales.
Por ello, se planteó la posibilidad de establecer una Comisión centralizada con representantes de los tres claustros en partes iguales. Los miembros de dicho cuerpo serían, en principio, seis: tres titulares y otros tantos suplentes, a razón de dos por estamento.
La conciliación, según, se concluyó en el encuentro, debe ser voluntaria “y se deberán contemplar mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de lo acordado”. Además, “se sugirió contemplar que también podrían incluirse mecanismos como la ‘probation’, mediante la cual una persona que haya cometido una falta -leve- puede ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible realizando tareas en algún ámbito de la universidad”.
Finalmente, el memo remitido a los asistentes a la reunión consigna otros dos puntos de importancia. En primer término, el referido a la consideración de “formas de implementar los sumarios de manera tal que se aseguren las garantías para cada una de las partes y se arriben en tiempo considerable a conclusiones que permitan tomar decisiones, sacando del ámbito de las autoridades de rectorado la aplicación de las mismas”. En la actualidad, son minoritarios los casos de sumarios abiertos que finalizan en una efectiva conciliación del hecho denunciado o en la correspondiente sanción del mismo.
Por otra parte, se acordó la conveniencia de “estipular mecanismos que garanticen a cada una de las partes imparcialidad en las decisiones evitando que ante la solución de un conflicto se cree otro”.
Ahora, la comunidad universitaria puede remitir al CSU las sugerencias que considere oportunas para avanzar en torno a la sanción del futuro Código de Convivencia. Se espera por una nueva convocatoria de la Comisión de Interpretación y Reglamento para continuar con la discusión del mismo.




Autor: Redacción EcoDias