Más de 200 organizaciones ambientalistas y asambleas ciudadanas celebraron la sanción de la Ley de Protección de Glaciares que permite preservar una reserva de agua dulce de vital importancia.

La nueva ley protege en especial a las comunidades y productores cordilleranos, desde agricultores familiares, viñateros y emprendimientos frutihortícolas y turísticos hasta centros poblados cuyo abastecimiento de agua y supervivencia dependen de los hielos glaciales.
Luego del tratamiento que se le diera en el Senado, las miradas están atentas ahora a cómo se implementará la ley, siendo el paso siguiente su reglamentación. Distintos legisladores auguraron que esta discusión abrió las puertas para debatir el modelo que encierra la mega-minería. De este modo, se inician estas dos vías de acción principales, luego de sancionada la ley.
Los senadores nacionales Miguel Ángel Pichetto y Daniel Filmus anunciaron en su momento que la presidenta Cristina Fernández promulgará la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares. Mientras Pichetto insistió en que la ley no se opone a la actividad minera sino que “es una protección mínima que el Congreso tiene que dar” para proteger el agua, el diario Página/12 tituló de boca de Filmus que el gobierno “no va a someterse a los intereses de las corporaciones” que ya judicializaron sus demandas.
Por su parte la periodista Laura Rocha dio cuenta de la tranquilidad con que la multinacional Barrick Gold comunicó que puede “continuar normalmente sus actividades”. Incluso en el yacimiento binacional Pascua-Lama en la provincia de San Juan, al que varias organizaciones le atribuyen la disminución de alrededor del 65 por ciento de los glaciares Toro I y Toro II durante la etapa inicial de exploración.
Los aplausos por la noticia no desviaron el foco de lo que Greenpeace y Conciencia Solidaria denominaron respectivamente “los mezquinos intereses mineros” o “el fuerte lobby minero”. En ese sentido, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) advirtió que “esta ley se halla sola y desamparada” y que “la lucha continuarᔠa través de la concientización y movilización social “para que nadie se olvide de aplicarla correctamente”.

Crecimiento inédito
En tanto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lamentó la eliminación del artículo 17 “que prohibía la autorización de nuevas actividades en áreas potencialmente protegidas por la ley hasta tanto se contara con el inventario finalizado y definidos los sistemas a proteger”. De todas formas entiende que la Ley General del Ambiente y los principios preventivo y precautorio del Derecho Ambiental cubren la falencia.
Sólo en la noroccidental provincia de San Juan la producción minera creció 950 por ciento desde 2003 y las exportaciones se incrementaron 4.400 por ciento desde entonces, según datos del propio gobierno provincial.
Lo más novedoso de la norma, según resaltaron los legisladores que aprobaron el proyecto, es que designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales la tarea de realizar el inventario nacional de glaciares.
Una vez hecho el estudio, los expertos del organismo darán el visto bueno a los proyectos de inversión en áreas bajo custodia, y también pueden vetar el avance de explotaciones que ya operan en zonas de glaciares o periglaciares.

Las dos vías
En cuanto a la reglamentación, la misma deberá ser instrumentada por el Poder Ejecutivo, seguramente a través de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Funcionarios de este organismo estaban preocupados puesto que, según su visión, el problema del debate técnico sobre el concepto de “ambiente periglaciar” se trasladaría a su interior, amén de que deberán coordinar esta función con el IANIGLA.
Por otra parte, no son pocos los senadores, incluso oficialistas, que señalaron en la noche del debate que la Ley de Glaciares no era anti-minera, por lo que debería discutirse especificamente este tema. El diputado Pino Solanas fue el primero en recoger el guante vía twitter: “Tras la sanción de la ley de glaciares insistiremos con nuestro proyecto de prohibición de minería a cielo abierto”. Hacía referencia a la audiencia pública convocada por su fuerza política días atrás.
La nueva ley ambiental declara que los glaciares son “bienes de carácter público”, y prohíbe la “destrucción o traslado” de estas grandes masas de hielo. También fija severas sanciones para quienes infrinjan estos límites.

Fuentes: Fundación Proteger.

Estrategia contra la ley
El juez federal de San Juan, dr. Miguel Ángel Gálvez, consideró que la Ley de Protección de Glaciares aprobada por el Congreso Nacional no puede aplicarse en esa provincia. Considera que la provincia es soberana de sus recursos naturales. En un trámite bastante rápido acompañó los pedidos de algunos sectores y dejó suspendida la norma que aprobó el Congreso.
La delegación local de la Confederación General del Trabajo (CGT) y algunas  cámaras empresarias presentaron ante el Juzgado Federal Nº 1 de San Juan la medida cautelar de no innovar contra la Ley de Glaciares nacional y plantearon la inconstitucionalidad de la flamante ley en territorio provincial. Al parecer el mismísimo gobernador José Luis Gioja fue quien estuvo empujando la  estrategia en contra de la aplicación de la Ley de Protección de Glaciares.