Judiciales bonaerenses Gremiales

Fecha: Lunes, 6 Agosto, 2012 - 07:08

Será Justicia

El 29 de agosto se realizarán las elecciones en la Asociación Judicial Bonaerense. Se renovarán cargos departamentales, provinciales y de congresales. Para conocer más sobre la realidad del sector, EcoDias dialogó con Víctor Solomón, secretario general de la Delegación Bahía Blanca de la Asociación Judicial Bonaerense. Los principales reclamos de los trabajadores del ramo y una mirada sobre la concepción de la Justicia bonaerense.

El Departamento Judicial con sede en Bahía Blanca es el más extenso de entre todos aquellos en que se divide la provincia de Buenos Aires. Al este, su límite es Tres Arroyos. Aunque con la salvedad de que ese distrito empieza a ver creadas las condiciones para lograr su autonomía. Entonces, quizá es más propicio tomar como extremo este al de Adolfo Gonzales Chaves. Al sur, siempre, Carmen de Patagones. Al norte, Coronel Suárez. Y al oeste, Puan. En el límite mismo del territorio bonaerense con el pampeano.
Esta realidad genera notorios problemas de operatividad, como ya se reseñará. Pero, además, convierte a la Departamental Bahía Blanca de la Asociación Judicial Bonaerense que agrupa a los trabajadores del Poder Judicial provincial en un núcleo importante del ramo.
El próximo 29 de agosto se realizarán elecciones al interior de la Asociación. Incluirán la renovación de las comisiones directivas a niveles departamentales y provincial. A ello se agrega la designación de congresales. Para el caso local, en Bahía Blanca se han presentado dos listas, una de las cuales propone reelección del actual conductor local, Víctor Solomón. Con él dialogó EcoDias para conocer más a fondo la actualidad del sector, así como también los reclamos que a la fecha sostienen.
“Los mandatos nuestros duran tres años. En el caso de las Departamentales, caducan el 30 de septiembre. Por lo que para octubre ya deben estar las nuevas autoridades”, indicó Solomón.

La vida con dos patrones
“Los trabajadores judiciales decimos que tenemos dos patrones. Uno es la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, de la que dependemos. Pero a su vez, el Poder Judicial está ligado al gobernador, al poder político, en cuanto a los sueldos. Ese es el gran problema, que sobre todo últimamente estamos teniendo”, abrió Solomón. La referencia era, claro, al mandamás actual de la provincia de Buenos Aires, el ex motonauta Daniel Scioli.
Más allá del escenario que se planteó en las últimas semanas a partir del anuncio sciolista en torno al pago fragmentado del sueldo anual complementario, los reclamos que elevan los trabajadores judiciales merecen una explicación especial.
“En este momento, está en vigencia la Ley 10374, o de Porcentualidad Salarial. Pero no se aplica en su totalidad desde dictada la Ley de Emergencia de la década del ’90. Para ilustrar mejor: un Ministro de la Suprema Corte cobra el máximo. Sobre ese cien por ciento, hay determinados porcentajes, que van desde el 50 al 20 por ciento en el caso de la última categoría y establecen cuánto tiene que percibir un trabajador judicial. Como esta ley quedó suspendida en el estado de emergencia, la proporcionalidad está totalmente desvirtuada. De allí que esta lucha que nosotros llevamos a cabo hasta hace un mes atrás con más setenta días de medidas de fuerza haya sido por la reinstalación de este sistema de porcentualidad salarial”, detalló Solomón.
“Cuando comenzó el estado de emergencia, en los ’90, se hizo una demanda ante la Justicia. Y después de veinte años, la Corte nos dijo que tenemos la razón y el sistema se tiene que reinstalar”, narró.
Sin embargo, a pesar del éxito en los estrados judiciales, nada sería fácil. “Allí comenzó de nuevo la historia de esta lucha. Porque cuando salió el fallo, rápidamente el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, convocó a los dirigentes máximos de la Asociación en la provincia para ver de qué manera se podía reinstalar el sistema. Por supuesto que, por otro lado, el fallo fue apelado por la provincia, a través de la fiscalía de Estado”, relató el dirigente bahiense.
Más allá de la apelación a resolverse, el fallo estipulaba “que hay que retrotraer los salarios a aquella época, por lo cual se ven beneficiados todos los trabajadores judiciales de la provincia. No sólo los activos, sino también aquellos compañeros jubilados que han estado en el Poder Judicial”.
“Allí comenzó la lucha. Porque el Ejecutivo creó una Comisión para evaluar el modo en que se podría reinstalar este sistema. En el caso de la Asociación, nuestro congreso provincial realizado en octubre en San Nicolás aprobó que un par de compañeros se pusieran a estudiar esto, para elevar una propuesta al Ejecutivo”, reseñó.
“Pero llegamos al cambio de autoridades, en diciembre. Y la Ministro que asumió en Economía (NdR: se trata de Silvina Batakis) dijo que tendríamos que esperar. Que no conocía cómo estaban los números. Y puso una fecha: el 7 de febrero de este año. Esa era la fecha para volver a comenzar y ver de qué manera se podía restablecer el sistema”, rememoró Solomón.
“La realidad es que esas comisiones avanzaron pero no dieron ningún tipo de solución. Porque se fueron dando los aumentos a otros trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros vamos quedando para lo último. Se dio un porcentaje (de aumento), que es más o menos el establecido para todos”, añadió.
La propuesta fue rechazada por el gremio debido a que “aún estábamos en conversaciones. Nosotros decíamos que no queríamos un porcentaje sino el restablecimiento de la Ley. Entonces, el gobernador lo sacó por decreto. Y dio un 26 por ciento a las categorías más bajas (3 mil pesos), un 24 a las intermedias y un 21 a los Ministros de la Corte (70 u 80 mil pesos)”. Cabe consignar que en estos tampoco muestra afán redistributivo el gobernador bonaerense: mientras la categoría más baja cobra unos tres mil pesos como salario, un Ministro de la Corte puede alcanzar los 70 u 80 mil. Y sólo cinco puntos porcentuales separan el índice de aumento que el mandamás previó para uno y otro grupo.
“Acá se provoca el desfasaje. Nosotros no estábamos de acuerdo, porque siguen los Ministros yéndose con el salario. Y planteábamos que, en aquel momento, con la misma masa salarial, podría haber establecido nuevamente el sistema de porcentualidad, incluso gradualmente”, objetó Solomón.
“En algún momento, respecto del sueldo de los Ministros llegamos a estar cinco a uno. Hoy estamos 25 o 30 a uno”, ilustró.

La amplitud de jurisdicción, ese eterno problema
 “La distancia que tenemos desde Gonzales Chaves a Carmen de Patagones es similar a la que hay desde Bahía Blanca a La Plata”, abre Solomón al ser consultado acerca de las problemáticas que caracterizan al Departamento Judicial con cabecera en Bahía Blanca.
Por ello, “una cuestión que venimos charlando con todo Ministro de Justicia con que tenemos la oportunidad de conversar es el de la reforma del mapa judicial. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se ubican: el Departamento de Azul está a 150 kilómetros de González Chaves. Y de Bahía Blanca está a 240”.
“Cuando recorremos (la Departamental), siempre nos plantean la problemática que tienen. Nosotros tenemos un dicho que dice ‘el país termina en la General Paz, y la provincia en la Avenida 44’”, añade.
Parte de lo que ven en las visitas a los Juzgados de Paz de los distritos que conforman el Departamento se relaciona al modo en que surgen y se solucionan, o no, los problemas. “Se manejan económicamente con una pequeña caja. Y cuando surgen problemas como el arreglo de un calefactor o de una computadora. Entonces son los propios compañeros que, cuando conocen, ayudan a repararlos. Y cuando se pide la partida al funcionario de turno de la Corte, la respuesta es ‘pero doctora, usted está en Carmen de Patagones’. Pero Patagones pertenece a la provincia de Buenos Aires”, enfatizó el dirigente bahiense.
“También parece que no tienen mucha idea de las distancias. Porque en la Asesoría Pericial hay un solo médico para toda la extensión del Departamento. Entonces, cuando se produce un fallecimiento en Tres Arroyos, se le haría imposible al médico asistir a Carmen de Patagones en caso de ocurrir algo allí”, ejemplificó.
Como anécdota relató que a veces “piden un informe pericial a las 12, 30 horas. Y lo quieren ya para las 14. Es imposible. ¿Cómo llegar a Suárez, y hacer un informe para enviar, en ese tiempo? No tienen idea de la extensión que tenemos”.

Autor: Redacción EcoDias