Luego de una injusta e impune
espera, finalmente a partir del 26 de abril comenzará el juicio oral y público
contra 19 represores de Bahía Blanca acusados de crímenes de lesa humanidad
durante la dictadura.
El fiscal ad hoc Abel Córdoba explicó detalles del futuro proceso de
juzgamiento.

Desde las páginas de EcoDias se despedía el año 2010 con la amarga sensación de
que los juicios todavía debían esperar. El fiscal ad hoc Abel Córdoba explicaba
en aquel momento las demoras y trabas que se venían llevando a cabo y que
dejaban un manto de impunidad en la necesaria búsqueda de justicia respecto al
Terrorismo de Estado ocurrido en la última dictadura militar.
El 2011 arrancó de otra manera y con la esperanza de encontrar la justicia tan
buscada por familiares de desaparecidos y víctimas del genocidio en nuestro
país. Bahía Blanca tendrá su primer juicio por delitos de lesa humanidad y
sentará en el banquillo a 19 represores que actuaron en este ámbito.
El proceso, que se estima tendrá larga duración, se desarrollará en
dependencias de la Universidad Nacional del Sur y será de libre acceso para
quien quiera concurrir a las audiencias que arrancarán el 26 de abril. El
fiscal Abel Córdoba señaló ante EcoDias que en la primera jornada se dará
lectura de las elevaciones a juicio y en las posteriores comenzarán a declarar
los testigos ofrecidos por las partes: “Va a ser en av. Colón 80 que es un
aspecto importante de la organización del juicio, sobre todo pensando en la
repercusión que pueda llegar a tener el contenido de las audiencias no sólo
para el ámbito estrictamente judicial o dentro de lo que es el juicio oral,
sino también en la posible repercusión sobre diferentes sectores de la sociedad
que tienen la oportunidad de acudir a un lugar espacioso donde está contemplada
la participación de la asistencia de público de un modo amplio”.
Otro hecho significativo que se da al ser la UNS, el escenario para el
juzgamiento, es la historia y participación que tuvo la Universidad en tiempos
de dictadura: “Ese es también uno de los significados más fuertes porque no sólo
el Poder Judicial tiene un pasado contra el que confrontar y juzgar, sino que
también la Universidad tuvo toda una historia incentivada desde las mismas
autoridades universitarias de los setenta. Ahora que se pueda hacer el primer
juicio oral de esta jurisdicción en la UNS es altamente significativo, tiene un
contenido especial. A la vez deja la oportunidad de que se replanteen algunas
otras dimensiones más allá del terreno judicial, que tienen que ver con la
historia universitaria, con otros ámbitos más allá de lo jurídico”.
Ante las interminables trabas que venían demorando los juzgamientos, la noticia
de inicio de juicios llamó la atención. Córdoba explicó que las manifestaciones
y declaraciones públicas de muchos sectores sociales posibilitaron terminar con
las demoras: “Desde el año pasado se está en condiciones de iniciar el juicio,
ha seguido pasando el tiempo, la Fiscalía siguió insistiendo en el planteo de
que se ponga fecha de inicio. Sobre todo hay que destacar la presión que ha
habido por parte de manifestaciones de ciudadanos que sin estar por allí
relacionados con la causa, han expresado públicamente en las calles y frente a
los órganos judiciales, su parecer, su intención de marcar que hay una
situación de impunidad, que a buena parte de los ciudadanos le resulta una
circunstancia que tiene que ser removida y subsanada en lo inmediato, más allá
de lo que ha sido históricamente el planteo de familiares y víctimas”.

El juicio más grande
Los 19 represores serán juzgados por un centenar de hechos e incluso,
señala Córdoba, hay cinco más con los que ya se cumplió toda una etapa para
elevarlos a juicio y faltarían detalles que tienen que ver con las pruebas: “Probablemente,
la Fiscalía haga un planteo de que se acumulen a fin de aprovechar la prueba.
Quedarán luego otros 20 procesados, que están en etapas anteriores y estamos
pidiendo la elevación rápida para poder sumarlos”.
Respecto al grupo de los 19 represores, el núcleo de juzgamiento es su
actividad en el Comando V Cuerpo de Ejército, en el Batallón de Comunicaciones,
en la cárcel de Villa Floresta y en la comisaría de la Policía Federal de
Viedma: “Esta cantidad de procesados es una dimensión ya considerable, de hecho
va a ser el juicio más grande de este año respecto a crímenes de lesa
humanidad”.
Respecto a los testigos, confirmó Córdoba que serán más de cuatrocientos aunque
es una cifra modificable debido a que se puede desistir de citar a alguno de
ellos en caso de que un hecho ya esté probado.
Acerca de las seguridad de los testigos, explicó que se implementaron
mecanismos y medidas para contemplar esa problemática para que cada persona no
sea coartada en su libertad a la hora de sentarse y contar lo que sabe: “Por
otra parte, va a haber testigos de concepto, ya que la metodología delictiva
utilizada tuvo un marco especial, fue dada desde las Fuerzas Armadas con una
planificación integral en todo el país, con un modelo de agresión hacia las
víctimas tomado de otros modelos contrainsurgentes, antisuvbersivos, de otros
lados del mundo. Y esa explicación, ese contexto y también el del plan
sistemático, merece también la explicación de parte de los especialistas que
puedan llegar a ilustrar a las partes qué es lo que da la particularidad de
este tipo de hechos. Con lo cual hay también testigos, tanto militares del
CEMIDA por ejemplo, como especialistas, historiadores y demás, para dar cuenta
de ese contexto”.
El juicio es oral y público, con lo cual, como decíamos, todo aquel interesado
en asistir tiene el derecho de hacerlo. Además, el fiscal destacó la
importancia de la difusión del proceso para conocimiento de toda la comunidad:
“Entiendo que debe contemplarse la publicidad del juicio porque hay un interés social
que podrá ser o no reconocido por determinado juez. Hay una intención política
de la Corte Suprema de publicitar los juicios y entendemos que es una de las
formas de aprovechar el desarrollo de los juicios para que tengan una llegada
hacia diferentes sectores de la sociedad que estén interesados y que por allí
no pueden asistir a la audiencia. El juicio se tiene que filmar, grabar y a la
vez permitir la difusión más amplia para dar contenido, y que no sea algo
formal y reducido a unos minutos sino que el valor que está en juego es la
publicidad efectiva hacia toda la sociedad”.
El único requisito para ingresar a la sala de audiencias es ser mayor de 18
años, aunque en casos como el de La Plata se permitió el ingreso de alumnos
secundarios lo cual le dio al juicio un aspecto educativo: “Es un juicio muy
importante por la dimensión, por lo abarcativo, por el hecho de que se lleve a
cabo en Bahía Blanca donde no han sido fáciles ninguna de las etapas previas,
ha habido que plantear denuncias por demoras, llevar a cabo investigaciones
conexas como la fuga de Corres. Entonces, desde ese punto de vista llegar con
un juicio oral de estas dimensiones es muy relevante en términos nacionales”.