“Nuestro país transita el quinto año de crecimiento económico consecutivo. Los indicadores macroeconómicos reflejan un elevado superávit fiscal y el PBI continúa su marcha ascendente. Lo mismo puede decirse del sector privado. Los balances de las grandes empresas y los grandes grupos económicos vinculados a la exportación agrícola-ganadera, exhiben elevadas ganancias netas y un marcado incremento de la productividad. El crecimiento sostenido de la capacidad de consumo de los sectores de mayores recursos brinda un claro indicio de cual es el sector social en el que se acumularon los beneficios de la recuperación económica posterior a la salida intempestiva de la convertibilidad.
Sin embargo, en el sector de los asalariados advertimos que las variaciones en sus ingresos se han modificado muy poco. Entre 1993 y 2002 se perdieron diez puntos porcentuales de participación del salario en el Producto Bruto Interno. Desde el 2002 al 2005 se recuperaron solamente cuatro. Hay menos pobres e indigentes, pero los que siguen en la pobreza o en la indigencia están igual o peor, de acuerdo con los datos del INDEC publicados recientemente y que corresponden a la segunda mitad de 2006.
Llegamos a creer que la pobreza y la desigualdad venían de la mano de desempleo, pero ahora que bajó el desempleo nuestra sociedad continúa siendo profundamente desigual. Es decir que hubo un importante crecimiento de la economía, pero sus frutos no fueron distribuidos con equidad. Los que más perdieron con la devaluación son los que menos recibieron a la hora de repartir los dividendos obtenidos durante los últimos años. Nos referimos a los trabajadores y los sectores medios y bajos del campo y la ciudad.
Los factores de poder que desmantelaron el aparato productivo durante la década del 90 y se beneficiaron con la privatización de las empresas públicas, siguen pugnando por mantener sus privilegios e incrementar sus cuantiosas ganancias. Asimismo, continúa el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, que avanza en perjuicio de millares de pequeños productores agropecuarios, generando la paradoja de una agricultura sin agricultores.
En la Argentina de nuestros días hay 18 millones de hectáreas de tierra en manos extranjeras, mientras han desaparecido 103.000 explotaciones agropecuarias pequeñas.
Los datos y los hechos son elocuentes: más allá de los avances y logros de la última etapa, persiste la matriz distributiva heredada de la secuencia histórica transcurrida entre el golpe militar y el golpe económico del neoliberalismo. La copa de la abundancia se sigue llenando, pero no derrama por sí sola. Esto explica el hecho de que pese a que los salarios y el campo social muestran signos parciales de recuperación con respecto al momento más agudo de la crisis, se mantienen los niveles dramáticos de pobreza y se agranda la brecha entre los que más tienen y lo que tienen menos.
Somos claros: no estamos de acuerdo con la tesis que sostiene la idea de crecer ahora para distribuir después. Esto significa sostener un modelo según el cual el mantenimiento de la desigualdad y la pobreza es condición del crecimiento. Por el contrario, señalamos que se debe resolver hoy la desigualdad, para garantizar una nueva estrategia de desarrollo que incluya al conjunto de la comunidad.
No puede haber un modelo de acumulación con inclusión social, si no es mediante una equitativa distribución de la riqueza.
Para ello hacen falta políticas públicas que incidan en el reparto de la torta en beneficio de los que menos tienen. Este es el camino indispensable para garantizar la justicia social y, al mismo tiempo, fortalecer el mercado interno como plataforma de un modelo distributivo que nos permita construir una Argentina más igualitaria, más democrática y que recupere a pleno su autonomía nacional.
Asimismo y en función de profundizar el proceso de democratización de la sociedad y sus instituciones, sostenemos la necesidad imperiosa de otorgar la personería gremial a la CTA.
Con tales objetivos los trabajadores, los pequeños productores del campo y las Pymes de la ciudad nos movilizamos para impulsar una paritaria social que promueva y garantice:
● La creación de un Seguro de Empleo y Formación para todos los jefes y jefas de hogar desocupados, así como el aumento de las asignaciones para los planes jefes y jefas actuales.
● Formular una propuesta para la mejora del sistema de asignaciones familiares que contemple una asignación por hijo que pueda ser recibida por cualquier trabajador, cualquiera sea su condición y generalización de la ayuda escolar anual.
● Incrementar los beneficios mínimos de las prestaciones provisionales, para mejorar la situación de los jubilados y pensionados.
● Promover la creación de una asignación universal, para todos los mayores excluidos de la seguridad social.
● Aplicar políticas de fomento que privilegien a las pequeñas y medianas empresas y a la actividad regional.
● Realizar una reforma tributaria basada en criterios de equidad y de eficacia fiscal, que revierta la extrema regresividad del actual régimen tributario.
● Estimular y apoyar las formas de gestión participativa y democrática propias de la economía social (cooperativas, mutuales y otras modalidades asociativas y solidarias), que hagan posible utilizar los recursos de todo el pueblo en beneficio de toda la comunidad y, en particular, de los sectores que más lo necesiten por su grave situación actual”.

Firman el presente documento IMFC (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos), CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), FAA (Federación Agraria Argentina) y APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios).