La Cámara
Federal de Bahía Blanca brindó el beneficio de la excarcelación a 36 represores
procesados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
La repudiable decisión significa un gran retroceso para las causas además de
los riesgos que trae consigo para la búsqueda de Verdad y Justicia.

Las novedades que van surgiendo acerca de las causas que investigan los
crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en
Bahía Blanca van sufriendo un efecto vaivén. Se debe a que de la satisfacción
de poder estar cerca del tan ansiado juicio a los represores, de la recusación
a uno de los jueces del tribunal para que éste no sea parcial, se pasa en muy
poco tiempo al retraso en la conformación de ese tribunal y, peor aún, a una
decisión que pone obstáculos muy grandes en el camino hacia la Verdad, la Justicia
y el castigo a los culpables.
En los últimos días la Cámara Federal de Bahía Blanca excarceló a 36 represores
vinculados a las causas lo cual significa un claro beneficio para los
procesados, y también varios pasos para atrás en lo que respecta a las
investigaciones. La decisión de la cámara integrada por Augusto Fernández,
Ángel Argañaraz y Ricardo Planes no hace más que instalar nuevamente un manto
de impunidad en Bahía Blanca respecto a la necesidad de juicio y castigo.
El manto de sospechas sobre las actuaciones de este Tribunal no es antojadizo: según
pudo saberse, la excarcelación otorgada a 35 represores había sido solicitada
por sus correspondientes abogados defensores. Sin embargo, el excarcelado
número 36 fue beneficiado con la libertad por la Cámara pese a no haber pedido
ese beneficio.
Tras difundirse la decisión -repudiada por diferentes organizaciones a nivel
local y nacional-, EcoDias dialogó con el fiscal ad hoc, dr. Abel Córdoba,
quien dejó sus impresiones una vez conocidas las excarcelaciones: “Es un gran
retroceso en el proceso dado que revierte situaciones que habíamos comenzado a
subsanar y con graves consecuencias para el proceso. Por un lado, es
reintroducir un riesgo procesal, es poner en juego nuevamente los procesos, es
un fuerte condicionamiento hacia la producción de prueba dado que no se
propicia, al contrario se configura un contexto de riesgo para los testigos que
al momento de declarar ven limitada su libertad para manifestar libremente todo
lo que puedan llegar a conocer”. La gravedad de ello, agregó Córdoba, se basa
en que la prueba testimonial es uno de los pilares para seguir investigando y
determinando responsabilidades. “Y por otro lado deja a las investigaciones
penales sin justamente un contenido penal, las despenaliza”.
Ha quedado demostrado a lo largo del tiempo y se puede corroborar en estas
páginas, que las investigaciones han sido amplias, existiendo una gran cantidad
de procesados y hechos comprobados. En teoría, parecería ser un buen escenario
para llegar a la verdadera justicia, pero en la práctica es totalmente a la
inversa, ya que ante los datos mencionados no hay medida alguna respecto a los
imputados: “Es una gran causa con imputaciones que en lo que hace a la libertad
de los imputados están con una vinculación formal. Y esto contradice tanto las
pautas de la Corte Suprema como la jurisprudencia reciente de Casación
Nacional, la jurisprudencia reciente de los Juzgados de Primera Instancia, y
desconoce la necesidad de extremar las medidas para que estos juicios sean
realizables”.
Lo producido por la Cámara viene a contrariar los criterios establecidos por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que justamente ordena extremar las
medidas para que se eviten este tipo de obstáculos que no permitan la labor
judicial.
Ante este panorama, EcoDias preguntó a Córdoba acerca de la legalidad de la
medida llevada adelante por Augusto Fernández, Ángel Argañaraz y Ricardo Planes:
“Desde la Fiscalía lo vamos a recurrir. Entiendo que no (es legal), que esta es
una aplicación arbitraria de pautas que ya no están rigiendo en la materia.
Insisto, lo que hay es una concepción que determina lo que dice un poco el
fiscal de la Unidad de Buenos Aires, que es la tramitación innocua de estos
procesos. Es lo que tenemos que evitar, eso no puede tener sustento legal ni
jurisprudencial. Por eso lo vamos a recurrir para que estos procesos vuelvan a
tener la virtualidad penal que tienen que tener y no sean nuevamente
retrotraídos a meros juicios por la verdad”.

Los privilegios de siempre
Las excarcelaciones ya fueron dictadas pese a todas las cuestiones que
existen y que determinarían todo lo contrario. Ahora bien, ¿cuál es el
argumento de la Cámara Federal para tomar tal decisión? “Dice que la
circunstancia de que la Corte haya delineado determinados criterios no obsta
para que haya que comprobar en cada caso cuál fue la falta que ha cometido, en un
intermedio ver si no hay otras medidas que puedan no afectar la libertad. Y como
última instancia, y luego de haber comprobado un montón de pautas, habría que
analizar la posibilidad de una revocación de excarcelación pero que mientras
tanto tienen derecho a estar en libertad”.
Córdoba entiende las excarcelaciones como un privilegio. Y esto se ve
claramente en que dichas medidas no son tomadas para otros procesados de los
llamados “delitos comunes” sino que en este caso se está actuando así para
represores vinculados a crímenes de lesa humanidad: “Es nuevamente un
privilegio; si esto fuera extendido, sería una garantía, al ser limitado es un
privilegio, es absolutamente claro. Es un retroceso muy grande que va a tornar
necesario un sinnúmero de planteos. Sin dudas, aun cuando se logre dentro de
algunos meses algún pronunciamiento contrario de cámaras superiores, ya el
perjuicio va a estar, está hoy en la causa”.
También durante los últimos días se conoció la noticia de la muerte de Héctor
Gagliardi, quien estaba imputado en la causa Ejército por su situación de
revista y conducta desde una unidad del Batallón de Ingenieros de Neuquén.
La muerte de Gagliardi sin que haya sido juzgado, demuestra cómo la impunidad
va creciendo a medida que desde algunos sectores se van encargando de retrasar
los procesos.
Al respecto, Córdoba señaló: “Era un imputado en estas causas que también
confirma la necesaria tramitación rápida de estos procesos, sino luego van a
ser simplemente testimoniales. Es un nuevo caso de impunidad por mero paso del
tiempo. Al no haberse desarrollado con celeridad el proceso previo no pudo ser
juzgado, con lo cual deja en el vacío, deja en la nada, todo trámite que se ha
realizado, y consolida la situación de impunidad que estamos viviendo de modo
extendido en el tiempo y en la amplitud respecto de los casos. No hay un solo
caso juzgado en Bahía Blanca de todos los que hubo en cumplimiento del plan
criminal que las Fuerzas Armadas llevaron adelante. Eso a 35 años de los hechos
es realmente preocupante, cuestiona todo el proceso que se está llevando a
cabo, los tiempos y el modo también como queda claro en el tema de
excarcelaciones”.

Juicios, allanamientos y un detenido
Acerca de la integración del tribunal para poder desarrollar los juicios
que estaban fechados para el 26 de abril pasado, Córdoba informó que sigue
pendiente y que además “no está resuelta todavía la petición de la jueza
Torterola que pidió apartarse por problemas de salud, con lo cual estamos
terminando esos trámites y viendo cómo encauzar nuevamente esos procesos”.
En otro orden de cosas, confirmó que se llevaron a cabo allanamientos para dar
con el paradero de dos imputados con pedido de detención pero no se logró el
objetivo: “Entendemos que tenían ya conocimiento de las órdenes de detención, y
a partir de eso se han ausentado de sus domicilios”.
Al menos una buena viene de la mano de la detención del suboficial Pedro
Cáceres imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de
Ejército durante la última dictadura militar en Bahía Blanca.