Durante
los trece días que siguieron a aprobación de la emergencia en el servicio de
transporte público urbano de pasajeros, el conflicto entre el grupo Plaza y el
Municipio cruzó la plaza Rivadavia varias veces. El intendente Gustavo
Bevilacqua firmó el 8 de febrero la caducidad del vínculo contractual con la
firma y lo remitió al cuerpo, que también recibió al secretario de Gobierno
Fabián Lliteras para conocer el plan de contingencia a aplicar. El miércoles,
tras amplio debate, convalidó por mayoría el decreto firmado por el jefe
comunal interino.

Tras la declaración unánime que dos semanas atrás
dio el Honorable Concejo Deliberante (HCD) al proyecto del edil de Integración
Ciudadana (IC) Raúl Woscoff de declarar la emergencia en el servicio de
transporte público de pasajeros, el tema volvió al edificio legislativo de
Sarmiento y Estomba varias veces, a partir del sostenido conflicto que
mantienen la Comuna
y el grupo empresario Plaza, que controla el 75 por ciento de las líneas de
colectivos que circulan por la ciudad.
Como se recordará, el diferendo comenzó un mes atrás, cuando el diario La Nueva Provincia (LNP)
informó de un “ultimátum” de la empresa hacia el Municipio, para lograr la
apresurada firma de modificaciones al sistema. Los dichos reproducidos por el
matutino fueron atribuidos al vocero de Plaza, Gustavo Gago. Sin embargo,
durante los días subsiguientes no hubo comunicación oficial entre las partes.
Los dirigentes políticos también respondieron a través de los medios o las
redes sociales. Dámaso Larraburu, por caso, expresó en su cuenta de Twitter que
sentiría “alivio” ante un eventual alejamiento de la compañía. El propio
dirigente ya había instalado el tema algunas semanas antes, cuando deslizó
críticas hacia el sistema de transporte, en una entrevista que brindó a otro de
los medios ligados al monopolio de LNP, la radio LU2, en oportunidad de
anunciar su decisión de radicarse en la ciudad tras su paso por la conducción
del Banco de la Provincia
de Buenos Aires.
Finalmente, el martes 31 de enero pasado partió desde el municipio una carta
documento al grupo Plaza, otorgándole un plazo de 48 horas para enviar a un
representante acreditado a una reunión con el Municipio. Como firmante de la
misiva aparecía el secretario de Gobierno Fabián Lliteras. La carta documento
también fue publicada, en forma íntegra y textual, por el diario LNP, que se
ocupó del tema con una amplitud e interés que no otorga a ningún otro, salvo
las noticias deportivas.
La respuesta de Plaza se hizo esperar, pero llegó: el martes 7 de febrero
pasado visitaron la oficina de Lliteras en Alsina 65 los abogados Ezequiel
Darraidou, director de Asuntos Legales de Plaza, y Alex Diberlardini,
representante legal de la compañía en nuestra ciudad. Según trascendió al cabo
del encuentro, los letrados no ratificaron en dicha oportunidad los
catastróficos titulares del diario. De acuerdo a lo que se pudo saber,
descartaron que la empresa tuviese la intención de rescindir el contrato
firmado con el Municipio.
El miércoles 8, sin embargo, el intendente interino Gustavo Bevilacqua cruzó la Plaza Rivadavia a
primera hora, para reunirse con los titulares de todos los bloques del HCD, a
quienes puso en conocimiento acerca de la firma de un decreto por el cual
determinaba la caducidad del vínculo contractual que ligaba al grupo empresario
con el gobierno comunal.
Del encuentro tomaron parte el presidente del cuerpo Carlos Moreno Salas y los
concejales Santiago Mandolesi Burgos (Frente para la Victoria- Partido
Justicialista), Raúl Woscoff (Integración Ciudadana), José Paredes (Unión Pro),
Roberto Ursino (Unión Cívica Radical), Manuel Mendoza (Frente Amplio Progresista)
y Fabio Pierdominici (Unión Celeste y Blanco).

Razones para una decisión
Los argumentos que fundamentan el decreto 225/ 2012 giran en torno al
notorio incumplimiento que la empresa realizó respecto del Pliego de Bases y
Condiciones a partir del cual se estructuró su vínculo con el municipio. El
documento también apunta la carencia de “solvencia ética” y “buena fe” de la
firma capitalina, fundamentalmente a partir de la contradicción entre las
declaraciones públicas del vocero Gago a LNP y lo expuesto por los letrados
Darraidou y Diberlardini al secretario de Gobierno Lliteras.
Además, el decreto recuerda “que es un hecho público y notorio que la Empresa de Transporte
Automotor Plaza y Mayo SATA, en forma sistemática y reiterada han incumplido las
frecuencias y recorridos que se le han fijado, entre otras obligaciones que
prevé el Pliego de Bases y Condiciones”. Justamente, el primero de los
artículos del pliego establece como obligación del concesionario la de prestar
el servicio “con continuidad, regularidad y eficiencia”, al tiempo que éste se
obliga a “respetar las frecuencias y el diagrama operativo”.
Respecto de ello, el decreto firmado por Bevilacqua recuerda que “ambas
empresas, son repudiadas por los usuarios del Sistema de Transporte Público de
Pasajeros por Automotor, a tal punto que han conformado una comisión de
usuarios testigos, la que periódicamente realiza un informe con el cumplimiento
de las frecuencias y recorridos de cada una de las Líneas de Transporte”.
Para documentar el incumplimiento de Plaza en estos puntos, el intendente
interino se apoyó en los reseñados informes de la Comisión de Usuarios
Testigos, además de referir las denuncias recibidas a través del sistema
telefónico 0- 800- Bahía, “en donde se advierte claramente la cantidad de
quejas de los usuarios desde el año 2010 a enero de 2012”. También recordó que
desde mayo de 2010 a
enero de 2011, entre las dos empresas del Grupo, abonaron más de un millón y
medio de pesos en concepto de multas, mientras se espera el cobro de más de 700
mil pesos, ya con sentencia firme.
En referencia al incumplimiento en las frecuencias, el jefe comunal subrayó
además que “no debe olvidarse la implementación de un sistema de subsidios
efectuados con fondos municipales para permitir a las empresas que cumplieran”.

Además, el texto del decreto firmado por Bevilacqua recuerda, respecto a la
flota vehicular dispuesta por el Grupo Plaza, que “las unidades de transporte
puestas al servicio por Plaza y Mayo presentan diversos incumplimientos a las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares”. Acerca de
este ítem, el intendente interino puntualiza que se encuentran “largamente
vencidos” los plazos otorgados por el municipio para el reacondicionamiento de
la flota.
También rememora “la negativa efectuada por ambas (empresas) para la
instalación de la maquinaria necesaria para la utilización de la Tarjeta Recargable
Urbana, lo que conllevó una considerable demora en la implementación de dicho
sistema”.
El decreto se apoya, por otro lado, en los artículos 104, 115, 124 y 125 del
Pliego de Bases y Condiciones elaborado al momento de la concesión. Pertinente
resulta subrayar, en este sentido, que el artículo 115 prevé “que ante la
interrupción del servicio cualquiera fuera la causa que lo motive, el
Departamento Ejecutivo puede asumir directamente o por terceros la prestación
del servicio a fin de asegurar su continuidad por cuenta y cargo del
concesionario”.
“En tal supuesto, se autoriza al Departamento Ejecutivo a incautar los vehículos,
infraestructura, equipos, y demás medios afectados a la prestación de los
servicios en forma directa y sin necesidad de orden judicial”, agrega el
decreto.
Asimismo, el artículo 126 del mencionado Pliego establece que el concesionario
estará obligado a continuar con la prestación del servicio por un plazo de
hasta dos años desde determinada la caducidad del vínculo contractual. Y la Municipalidad queda,
por otro lado, facultada a “diagramar un sistema de emergencia con los
restantes concesionarios, quedando obligados los mismos a su cumplimiento, a
efectos de cubrir los recorridos y frecuencias de la Línea o Líneas que atendía
la firma desvinculada”.

Alcances
Diez son los artículos que componen el decreto 225/ 2012, firmado por el
intendente municipal y su secretario de Gobierno. El primero de ellos declara
caduca la concesión de líneas de transporte público a las empresas Plaza y
Mayo.
El segundo, resuelve ejercer lo tipificado en el mencionado artículo 126 del
Pliego de Bases y Condiciones, requiriendo a las empresas que continúen con la
prestación del servicio por un plazo máximo de dos años, contados a partir de
los treinta días desde la notificación formal. Además, el Municipio se reserva
el derecho de incautar total o parcialmente todos aquellos bienes (enumera
vehículos, equipos, hardware, software e infraestructura de cuentas bancarias)
necesarios para la prestación del servicio.
El tercer artículo dispone poner en conocimiento de los entes incluidos en la
ordenanza que establece los alcances de la Emergencia en el
Servicio -las comisiones de Tránsito y Transporte, Defensa del Usuario y el
Consumidor y de Interpretación, Asuntos Legales, Derechos Humanos y Garantías
del HCD, la Comisión
de Usuarios Testigos, la delegación local de la Unión de Tranviarios
Automotor (UTA), la
Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Facultad Regional
Bahía Blanca de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- el programa de
emergencia de adecuación de frecuencias y prestación.
El cuarto artículo, por su parte, faculta a la firma Bahía Transporte SAPEM a
que, en caso de necesidad, explote el servicio, por sí o a través de terceros,
en forma provisional o definitiva. El artículo siguiente, en tanto, ordena
realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para el cumplimiento del
decreto. Vale recordar que el Presupuesto 2012 que manejará la comuna este año
aún no ha sido aprobado por el HCD.
El sexto y séptimo artículo establecen la necesaria comunicación a la Secretaría de
Transporte de la Nación
y la Agencia
de Transporte bonaerense de las decisiones tomadas.
El octavo, faculta al secretario de Gobierno y al asesor letrado a realizar
presentaciones judiciales o administrativas ante órganos nacionales o
provinciales pertinentes, a fin de garantizar la continuidad del servicio y el
cumplimiento del propio decreto.
Los últimos dos artículos, finalmente, ordenan las notificaciones oportunas a
todos los actores involucrados en la trama que el diario LNP, en inédito alarde
literario, calificó como una “tormentosa relación”.

Lliteras cruza la Plaza
El mismo día en que Bevilacqua puso en conocimiento de los presidentes de
los bloques el decreto 225/ 2012, el secretario de Gobierno Fabián Lliteras
cruzó la plaza Rivadavia para comenzar a cumplir con el tercero de los
artículos fijados.
En una reunión con los ediles que conforman el HCD, Lliteras explicó los
alcances de un programa para mejorar y modificar, dentro del plan de
emergencia, líneas, recorridos y frecuencias del servicio público de transporte
de pasajeros.
Durante el encuentro, el funcionario indicó que el esquema contempla la
reducción de kilómetros en los recorridos, la unificación de algunas líneas,
una mejora en las frecuencias, así como también la disminución del paso por
calles de tierra. Según adelantó en esa oportunidad, de las 16 líneas
existentes quedarían unas 13. La reducción de recorridos prevista es de un 11
por ciento anual.
Quedaba aún, como paso necesario dentro de lo fijado por la ordenanza que
determinó la declaración de Emergencia en el servicio, la puesta en
conocimiento al resto de los entes involucrados en su estudio. El trámite se
cumplió el lunes 13. Pero al cabo del encuentro se supo que había perdido
fuerza la idea de la fusión de líneas.

Mediodía extraordinario
La intención del oficialismo era que el decreto sea avalado por el HCD, de
ser posible por unanimidad, tal como ocurrió con la declaración de la Emergencia quince días
antes. Al cierre de esta nota, el miércoles 15 y en horas del mediodía, el
cuerpo deliberativo llevó a cabo su tercera sesión extraordinaria de 2012.
Bajo la presidencia de Carlos Moreno Salas y con la ausencia del concejal de
Unión PRO Julián Lemos –su familia está históricamente vinculada al negocio del
transporte público de pasajeros-, los concejales dieron lugar a un amplio
debate. Ya durante las horas previas se supo que el acompañamiento al decreto
sólo estaba garantizado por el lado del bloque oficialista. Integración
Ciudadana y el radicalismo habían anticipado su negativa. En tanto, se
aguardaba la determinación de Unión Celeste y Blanco, el Frente Amplio Progresista
(FAP) y, fundamentalmente, Unión PRO, que suele desnivelar las votaciones.
Los argumentos de los opositores giraban en torno a dos puntos: por el lado de
IC, se aludía que resultaba impertinente dar aval a una medida que era de plena
competencia del Ejecutivo. En tanto, los ediles radicales apostaban por otro
tipo de salida del vínculo contractual.
Finalmente, dieron su apoyo al decreto los diez concejales del Frente para la Victoria, los dos de
Unión PRO que se encontraban en el recinto y los representantes del FAP, Manuel
Mendoza, y de Unión Celeste y Blanco, Fabio Pierdominici. Los seis ediles de IC
y los tres de la UCR
se expresaron por la negativa.
Durante el plenario, el cuerpo aprobó -esta vez sí por unanimidad- una minuta
de comunicación elevada por el Norberto Martínez, por la cual solicitaba al
Ejecutivo que remita el listado de los colectivos con todos los datos
correspondientes (modelo, antigüedad, chapa patente) que en la actualidad
integran la dotación de las empresas Plaza, Mayo y la bahiense Rastreador
Fournier.
Además, la minuta solicita que se informe el listado con los colectivos que
esas empresas incluyeron cuando se efectuó la licitación, y las altas y bajas
que se produjeron desde entonces. Cabe recordar, como ya se ha dicho en esta
nota, que el mal estado de la flota fue uno de los argumentos en que se apoyó
el intendente Bevilacqua para firmar el referido decreto.

Palabra de edil
En diálogo con el programa radial La Máquina de Hacer Mañana, que se emite por LU3 Am
1080, el concejal de IC Raúl Ayude opinó sobre la trama que, en el último mes,
se desarrolló en torno al tema del transporte público de pasajeros en la
ciudad.
“Es un tema muy complejo, que viene con muchas aristas mezcladas. De hecho, el
gobierno municipal, que venía negando la problemática durante parte del año
pasado ahora cambia de posición, Plaza no manda los papeles, el Ejecutivo
plantea la caducidad del sistema, recortes y reestructuraciones. Pero a nuestro
juicio, no debe ser Plaza quien debe llevar adelante esa reestructuración, sino
que hay que hacer una transición hasta que Plaza se vaya y luego implementar
las reformas. No es posible que tengamos en el mismo estante al problema y a su
solución”, opinó Ayude.
“Indudablemente, si algo han hecho Plaza y el Ejecutivo es llevar a esta crisis
del transporte. Y para salir, no podemos utilizar las mismas fórmulas”,
enfatizó.
Acerca de las eventuales similitudes y diferencias que percibe entre las
gestiones del licenciado Cristian Breitenstein y la actual de Gustavo
Bevilacqua, Ayude remarcó que “puede sonar desagradable, pero cuando el
intendente elegido por amplia mayoría decide irse dice que no importa, que deja
a su equipo de trabajo. Después ensaya dos o tres visitas a la ciudad, como si
hubiera dos intendentes. Y cuando hay que resolver el problema de transporte,
que lo generó su gestión, de la cual Bevilacqua también formaba parte como
funcionario, se empezaron a hacer cosas contrarias a las que se venían
haciendo”.
“Uno comparte que la empresa Plaza se vaya, pero no a cualquier precio. Así
como no había que sostener determinada relación con anterioridad, ahora no se
debe cerrar esa relación sin fundamentos escritos. Porque cuando se va a
disolver un contrato lo que hay que hacer es tener todos los elementos de
juicio. Esa es la responsabilidad de todos, evaluar que los pasos que se den
sean seguros para nuestra comunidad”, concluyó.