Distintos organismos judiciales concedieron la libertad a dos acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Se trata de Víctor Raúl Aguirre y Carlos Taffarel, quienes se suman a la lista de 70 imputados por Terrorismo de Estado que esperan el juicio fuera de la cárcel.

Mientras algunos medios y periodistas se debaten entre quienes están hartos de la dictadura y aquellos que supuestamente están del lado de la búsqueda de justicia, los que desde hace años nos comprometimos de verdad a transitar ese camino y seguimos de cerca las causas que se tramitan para juzgar a los represores del Terrorismo de Estado, también nos vamos fastidiando menos y al mismo tiempo desilusionándonos.
Las constantes muestras de impunidad que, a más de 34 años de la dictadura, se siguen dando en Bahía Blanca generan -cuando menos- desconfianza y descontento.
Dos casos recientes -aunque se podrían publicar, sin exagerar, unos 70 ejemplos concretos- se dan por mediación de la Cámara Federal de Apelaciones y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. La Cámara le concedió, el pasado 14 de octubre, la excarcelación al suboficial de la especialidad de inteligencia Víctor Raúl Aguirre por los delitos de lesa humanidad que se le imputan en la causa 05/07, que investiga lo ocurrido en el ámbito del V Cuerpo de Ejercito. A su vez, el 19 de octubre se había adoptado la misma medida para la causa “Armada” en la cual Aguirre también se encuentra imputado.
Por si esto fuera poco, a principios de mes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal había tomado decisiones similares, al concederle la excarcelación al oficial de la especialidad de inteligencia Carlos Taffarel, confirmando la medida del Juzgado Federal a cargo del doctor Santiago Martínez, quien entre sus notorios antecedentes cuenta con el rechazo de la extradición de Astiz a Francia y la reciente suspensión de la aplicación del artículo 65 de la Ley de Medios. Taffarel se encontraba a disposición de ambas sedes por sucesivos procesamientos y elevaciones a juicio, sin embargo, continúa en libertad.
De esta manera, Aguirre y Taffarel se agregan a la lista de represores beneficiados con la libertad como Jorge Granada, Alejandro Lawless, Norberto Condal, Carlos Stricker, Walter Tejada, en una lista que asciende a un total de 70 represores excarcelados, acusados de delitos varios, como secuestro, tortura, asesinato, violación y robo de bebés.
Según se informó en la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, del total de los procesados sólo se encuentran en unidades carcelarias Jorge Aníbal Masson y Guillermo González Chipont. El resto permanece excarcelado o bien con prisión domiciliaria.
En el caso del imputado Carlos Andrés Stricker, si bien se confirmó su procesamiento en la causa 05/07 por su participación criminal desde su función de segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181, en 18 hechos ejecutados en 1976, calificados como crímenes de lesa humanidad, su situación de excarcelado sigue vigente.

Justicia para ricos
Respecto a los argumentos para las excarcelaciones, los mismos ya fueron explicados por EcoDias en sucesivas ediciones a través de las palabras del fiscal ad hoc Abel Córdoba, quien en su momento había señalado que “es parte de la aplicación de criterios generales, que en caso de detenidos por crímenes de lesa humanidad, en forma de privilegios, se les otorga la excarcelación que es negada en personas cuya situación procesal es más vulnerable. Por eso la diferencia entre la vulnerabilidad y la culpabilidad, si bien son acusaciones gravísimas, se puede interpretar que al no ser vulnerables como otros sectores sociales, cuentan con este beneficio que de extenderse (a otros estratos sociales) sería una garantía procesal saludable. En estas condiciones, son un privilegio”.
Según Córdoba es algo que se repite en todo el país pero en Bahía Blanca se conjuga con la demora en el inicio del juicio oral, con responsabilidades muy concretas por parte de funcionarios del poder judicial, cuyos pliegos fueran aprobados durante la dictadura militar más sangrienta conocida por los argentinos.

Prórroga inoportuna
Por otro lado, algunas de las novedades conocidas días atrás refieren las siete indagatorias a imputados que intervinieron en crímenes que comenzaron a consumarse en Neuquén y continuaron en centros clandestinos de nuestra ciudad;  la ampliación de indagatoria de Mario Méndez a quien se le sumó la imputación por siete homicidios en los que hubo simulacros de enfrentamiento y la participación criminal en una apropiación de un niño nacido en cautiverio; y la requisitoria parcial de elevación a juicio para otros represores del Ejército (Arroyo, Marjanov, Fidalgo y Gandolfo),
Si bien estas noticias respecto a las causas por delitos de lesa humanidad acercan el tiempo de una respuesta final, también se dio a conocer una nueva artimaña que obstaculiza el arribo a la Verdad y la Justicia.
Existe actualmente una prórroga dispuesta para ofrecer prueba. La Unidad que dirige Córdoba solicitó que se la dejara sin efecto, bajo el argumento de que esa medida resulta excesiva, desproporcionada y contraria a las pautas de celeridad procesal previstas legalmente y afirmadas en particular para estas causas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se planteaba el tope de un plazo no mayor a la extensión del plazo procesal de 10 días para que concluido el mismo se fije de manera urgente una fecha de inicio del debate.
La respuesta fue no hacer lugar al pedido de la Unidad considerando razonable el plazo de un mes.
Consultado por EcoDias, Córdoba señaló que esta prórroga implica seguir alargando el trayecto previo al juicio: “Es un mes que se adiciona a muchos años de demora, bien puede ocurrir que después de ese término se fije fecha de inicio inmediato, pero extender tanto los plazos, a la Fiscalía le resulta preocupante, ya que insistimos en incorporar a la agenda del proceso, la demora ya acumulada, la edad de los imputados y víctimas, y la exposición de los testigos durante tantos años”.
Se va terminado el 2010 y, a más de 34 años de la última dictadura, hay más culpables en la calle que pagando sus culpas en una cárcel común.