Un dictamen de comisión
recomienda al CSU revalidar en el cargo a la abogada Gloria Girotti, imputada
por los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño por violaciones a los derechos
humanos ocurridas en nuestra ciudad durante la última dictadura, cuando se
desempeñaba como secretaria del Juzgado Federal a cargo de Guillermo Madueño.
La APDH emitió un comunicado, cuestionando en duros términos a la clase
dirigente de la UNS.

La Universidad Nacional del Sur (UNS) será sede de los juicios por crímenes de
Lesa Humanidad ocurridos en nuestra ciudad. En el mismo edificio donde
funcionan los máximos órganos de cogobierno universitario -el rectorado, el
Consejo Superior Universitario (CSU) y la Asamblea Universitaria (AU)- tendrán
lugar las audiencias, que comenzarán a tomar cuerpo en algunas semanas.
Sin embargo, no todo es lo que
parece. Aunque haya emitido un comunicado de repudio al Golpe de Estado
ocurrido hace treinta y cinco años atrás, el CSU aún no se pronunció en torno a
la situación de la abogada Gloria Girotti, imputada por violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura. 

Un poco de historia
Tal como viene informando EcoDias en sus ediciones anteriores, el debate en
el recinto deliberativo universitario surgió a partir de una reválida al cargo
de docente en la cátedra de “Derecho en los Contratos” a que pretendía acceder
Girotti.
Abogada particular, Girotti se desempaña como profesora de otras dos cátedras
del Departamento de Derecho de la UNS. Idéntica es la situación de su colega
Hugo Mario Sierra. Ambos comparten, además, un pasado peculiar: durante los
años de plomo de fines de los ’70, cuando se cerraba sobre la sociedad
argentina una feroz represión, fueron secretarios del Juzgado Federal a cargo
entonces del fallecido ex juez Guillermo Federico Madueño, quien fue procesado
por violaciones a los derechos humanos perpetradas en connivencia con los
represores que sentaron base en el Comando del V Cuerpo de Ejército de nuestra
ciudad. Allí funcionó el Centro Clandestino de Detención conocido como “La
Escuelita”.
La impugnación a Girotti para el acceso a la reválida se trató en una larga
sesión ocurrida en la tarde y noche del 15 de diciembre del año pasado. Se
sumaba a otras impugnaciones que recayeron sobre la abogada. Al oponerse a su
designación como camarista en Puerto Madryn, el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) consideró probado que la profesional avaló “algunos de los
delitos perpetrados en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante la
última dictadura militar”.

Qué importa el después
La resolución del CSU de mediados de diciembre establecía que el tema se
vuelva a discutir en comisión y se analice junto a los casos de docentes con
vinculaciones presuntas o probadas con los represores de la última dictadura
militar, para lo cual se podría constituir 
una comisión especial. Además de Girotti, la resolución habilitaba la
discusión sobre el mencionado Sierra y también sobre Néstor Montezanti, quien
actúo entre 1981 y 1982 como agente de inteligencia del Batallón 601 del
Ejército Argentino.
Una semana más tarde, los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño consideraron
probada la participación de Sierra y Girotti en la comisión de delitos de lesa
humanidad y solicitaron al juez Alcindo Álvarez Canale la detención,
indagatoria y procesamiento de los imputados, además de la disposición de
allanamientos sobre sus domicilios y estudios jurídicos (ver EcoDias 356).
Como era de esperar, Álvarez Canale denegó cada uno de los pedidos y cargó las
culpas sobre la única espalda que ahora puede soportarlas: la de Guillermo
Madueño, que está muerto desde agosto de 2010.

Se me detiene en el pasado
Cuando el CSU ya ha dado cumplimiento a tres sesiones ordinarias del
periodo 2011, no sólo no se ha hecho efectiva la creación de la comisión
especial para debatir el tema sino que además, trascendió, existe un dictamen
que aconseja otorgar a Girotti la reválida concursada.
El documento estaría respaldado por una decena de firmas, entre ellas la de un
alumno. La confirmación de esta noticia equivaldría al siguiente enunciado: que
el CSU podría avalar la continuidad de la docente cuestionada, casi al mismo
tiempo en que la Justicia podría determinar su detención y procesamiento.
En efecto, el 22 de marzo el fiscal subrogante Abel Córdoba se presentaba en la
Cámara de Apelaciones para ampliar los fundamentos de la apelación que
interpuso luego de la negativa de Álvarez Canale en primera instancia. De
cumplir con los tiempos que la ley estima, la Cámara debería expedirse antes
del viernes 1 de abril.

Críticas al por mayor
La sugestiva demora en el tratamiento del tema y el trascendido acerca del
dictamen de aval motivó una enérgica crítica de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca.
En un comunicado firmado por su secretario general, Eduardo Hidalgo, la APDH
cuestiona duramente a las autoridades universitarias, a las que acusó de obrar
“para la foto y el discurso” y no en consonancia con una política de derechos
humanos implementada con alguna seriedad.
El texto lamenta que una institución educativa padezca tal carencia política y
subraya que la UNS retratada es “la misma que por boca del rector Crapiste dijo
frente a quien firma este comunicado que ‘la universidad tiene una política de
Derechos Humanos’. Los actos formales de doctorados Honoris Causa (hechos
puntuales) válidos desde lo individual son considerados por el rector como una
política, incluso cuando ha habido claros posicionamientos ideológicos en
contra, como en el caso del otorgado al ex juez Baltasar Garzón”, marca.
 Además, recuerda “algo tan grave como no
haber reivindicado nunca a quienes fueron perseguidos, asesinados o
desaparecidos por defender sus ideas, docentes y alumnos, como ha sucedido en
la mayoría de las universidades desde hace años”.
“Aunque hoy por hoy se haya aceptado por parte del Consejo Universitario que la
misma sea sede de los juicios, o haber repudiado al diario La Nueva Provincia
cuando ya era ineludible hacerlo, esto también fue una iniciativa particular
representada en el mismo Consejo, y que al rectorado como a sus aliados les
sirve para la foto y el discurso”, dispara el documento firmado por Hidalgo.
En cuanto a la situación de Girotti en particular, el escrito señala la
existencia del dictamen “momentáneamente detenido”, que parece obviar “todo lo
que impone que (Girotti) no debería ser más docente de esa institución
educativa”.
“Esta información surgida de las entrañas de la Universidad Nacional del Sur,
aún en términos potenciales, debe llamar a la atención no sólo del CSU sino del
alumnado, el cuerpo docente y todos quienes desarrollan actividades en ese
ámbito, habida cuenta de su notable gravedad a esta altura de los
acontecimientos con relación a hechos que se relacionan con la última dictadura”,
apunta.
“Esperamos entonces acciones del CSU que pongan en claro esta decisión que
estaría en espera de validar a la abogada Girotti en el Departamento de
Derecho, como así también la valoración de aquellos que aún son parte de la
institución educativa con antecedentes similares”, solicita el texto, que
concluye con una oportuna reflexión: “La Justicia no sólo se resuelve en los
tribunales, sino también en los ámbitos en que se construyen valores y
principios que inciden en la sociedad toda”.