2X1 PRESENTACIONES Derechos Humanos

Fecha: Martes, 23 Mayo, 2017 - 00:00

Apelaron la domiciliaria de imputados por delitos de lesa

El fiscal Antonio Horacio Castaño, representante del Ministerio Público, advirtió sobre los riesgos procesales de otorgar el beneficio a un ex integrante de la Triple A y un ex teniente coronel, quien transita un juicio oral y también fue condenado en 2015. Para el fiscal, los problemas de salud que alegaron las defensas pueden ser tratados en los hospitales intramuros.

El titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº1 de Bahía Blanca, Antonio Horacio Castaño, presentó dos recursos de apelación contra las resoluciones del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad bonaerense que otorgó la prisión domiciliaria a dos imputados por delitos de lesa humanidad. Se trata del ex integrante de "una asociación de personas de carácter permanente y de formación parapolicial denominada Triple A" (tal como la consigna el auto de detención de agosto de 2015) Osvaldo Omar Pallero; y del ex teniente coronel y ex segundo jefe de la "Agrupación Tropa" o "Equipo de Combate contra la subversión", Julio Guillermo González Chipont, quien ya cumple una condena a prisión perpetua transita otra instancia oral por crímenes perpetrados contra 103 víctimas en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.
Castaño advirtió al juez federal Walter Da Silva advirtió sobre los riesgos procesales que implican las concesiones de las medidas y que "se demuestra con la existencia de numerosos imputados prófugos que cuentan con una edad mayor que González Chipont, y con las mismas constancias médicas agregadas a la causa, ya que no indican padecimientos graves a su respecto".
El fiscal consignó también que los problemas de salud alegados por las defensas de ambos pueden "ser debidamente" tratados "dentro de la unidad penal" en la que se encuentran alojados.
Osvaldo Omar Pallero había sido procesado con prisión preventiva el 16 de septiembre de 2015 por el entonces juez federal subrogante de Bahía Blanca Alejo Ramos Padilla, junto a otros cuatro civiles integrantes de la Triple A, definida como una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975. Junto a Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno, integraban la "seguridad" del ex rector de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu. La gestión de Tetu en la UNS dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de estudiantes y cesantías masivas de docentes por razones políticas y el homicidio agravado del dirigente de la Federación Juvenil Comunista David Hover "Watu" Cilleruelo.
En tanto, Julio Guillermo González Chipont fue condenado en el juicio que se realizó entre julio de 2014 y noviembre de 2015 en Bahía Blanca contra 25 marinos, prefectos, militares y penitenciarios por crímenes cometidos durante la última dictadura en jurisdicción de la Armada Argentina en perjuicio de 66 víctimas, de las cuales 13 permanecen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y 48 sufrieron privación ilegal de la libertad y tormentos. En la sentencia, el Tribunal Oral ordenó al diario bahiense La Nueva Provincia que rectifique y publique que las personas que durante la dictadura cívico militar informó como terroristas muertas en enfrentamientos fueron, en realidad, víctimas de crímenes de lesa humanidad.


LA PLATA
Rechazo a diez pedidos del 2x1

Los jueces Castelli, Vega y Esmoris votaron de acuerdo a criterios previos al caso resuelto por el máximo tribunal. Los dos primeros consideran que la ley 24.390 fue aplicable mientras rigió, mientras que Esmoris, en disidencia, la considera más benigna y por lo tanto operativa a estos casos. Así resolvió antes, como juez de ejecución, para computar la pena de dos torturadores, en dos resoluciones que fueron recurridas por la Unidad Fiscal ante la Cámara de Casación.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata rechazó en los últimos días diez presentaciones formuladas por condenados por crímenes de lesa humanidad que pidieron que se aplique al cómputo de sus penas el beneficio del artículo 7 de la derogada ley 24.390, que consiste en contar doble los días en prisión preventiva después de los dos primeros años de detención, solicitud en línea con el precedente de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia en el reciente fallo "Muiña". A través de esos requerimientos, las defensas técnicas de los represores solicitaron la excarcelación o el beneficio de la libertad condicional, en los casos de penas firmes.
Los rechazos del tribunal fueron dictados con dictámenes previos en el mismo sentido de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes del terrorismo de Estado, que integran los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira. El tribunal tiene a disposición cerca de un centenar de personas detenidas por crímenes de lesa humanidad y en los próximos días deberá pronunciarse frente a otros pedidos similares.
Las presentaciones rechazadas son las del ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz; el sacerdote Christian Von Wernich; el ex subjefe de la Unidad Penal 9 de La Plata, Isabelino Vega; el guardiacárcel de esa unidad, Raúl Rebaynera; dos médicos penitenciarios que actuaron en esa cárcel, Carlos Domingo Jurío y Enrique Corsi; los civiles de la inteligencia castrense Claudio Grande, Rufino Batalla y Raúl Espinoza -condenados en la causa por crímenes en "La Cacha"-; y el civil apropiador de una niña, Omar Alonso.
Las resoluciones sobre Etchecolatz, Rebaynera y Vega fueron dictadas por el juez Germán Castelli y las que tratan los casos de Von Wernich, Jurío y Corsi por su colega Pablo Vega. Esas decisiones fueron unipersonales, dado que las causas atraviesan la fase de ejecución penal por encontrarse firmes las sentencias condenatorias.
El resto de los pedidos fueron resueltos por los tres jueces del tribunal. Una particularidad de éstas últimas es que se resolvieron por la mayoría integrada por Vega y Castelli. El juez Alejandro Esmoris se pronunció en minoría a favor de aplicar el 2x1, por considerar que se trató de una ley penal más benigna. Los tres magistrados fueron coherentes con su postura anterior al fallo "Muiña" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En efecto, Castelli y Vega tienen la posición de que la denominada ley del 2x1 no es aplicable a personas que no hayan estado detenidas durante la vigencia de siete años de esa norma, entre 1994 y 2001. En efecto, ambos se remitieron al primer precedente que firmaron acerca de esta cuestión cuando tuvieron que abordar el caso del chofer de Etchecolatz, Hugo Guallama, a quien -también por mayoría- le negaron el cómputo privilegiado el 13 de marzo pasado. Y sostuvieron, además, que los tribunales pueden apartarse de la jurisprudencia de la Corte Suprema.
De hecho, ambos analizaron la situación en base al precedente "Muiña" y lo descartaron. Vega, incluso, sostuvo que el voto mayoritario dictado por los jueces del máximo tribunal en aquél caso "parece soslayar o relativizar la entidad que asume la clase de delitos en juzgamiento, incluso para la propia jurisprudencia del máximo tribunal que integran. En efecto, respecto de esta categoría ha señalado la Corte Suprema que no hay posibilidad de amnistía, ni de indulto, ni se aplica tampoco a ellos el instituto de la prescripción, a todo lo cual corresponde agregar que el cimero tribunal ratificó que la persecución de los delitos de lesa humanidad forma parte de legislación internacional".
Esmoris, en tanto, suscribió en las últimas decisiones la misma postura minoritaria en "Guallama". Esa misma posición había adoptado como juez de ejecución el 16 de febrero y el 18 de abril pasado para beneficiar con el cómputo privilegiado al ex jefe de Seguridad de la Unidad 9, Víctor Ríos, y al ex guardiacárcel Catalino Morel, condenados en 2010 a prisión perpetua y a 25 años de prisión, respectivamente. Las dos decisiones fueron recurridas por la Unidad Fiscal platense ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Fuente: Fiscales.gob.ar

Autor: Redacción EcoDias