Falso debate Opinión

Fecha: Jueves, 17 Febrero, 2011 - 00:00

12, 13, 14 ó 15: ¿Cambia algo?

“Si se educa a los niños
no será preciso castigar a los hombres”
(Pitágoras de Samos, 500 años a. C.).

I. Encontrándose la inseguridad delictiva al tope de las preocupaciones de la sociedad (en otra época lo fue la inflación y la desocupación), resulta comprensible que en un año electoral se discutan temas que tienen que ver con aquella, efectuándose en ocasiones análisis simplistas y reduccionistas para conseguir votos.
En la última década, el debate sobre la llamada edad de imputabilidad de los menores se reedita cada dos o tres años ante un hecho detonante, generalmente un homicidio en ocasión de robo presuntamente perpetrado por un joven de 14 ó 15 años de edad.
Los partidarios de bajar dicho tope de edad, que actualmente es de 16 años, entienden que se trata de una herramienta importante para luchar contra la inseguridad, y ello parece ser compartido por gran parte de la población, a estar a encuestas que realizan distintos diarios en sus sitios de internet.
En realidad, lo que se pide se inscribe en lo que hemos dado en llamar el “reclamo social de prisión inmediata y generalizada”; es decir meter preso a todo el mundo por cualquier delito y aun antes de que se lleve a cabo un juicio que determine su culpabilidad. Desde luego que ello colisiona con el diseño constitucional y resulta impracticable. Se suele tener a la privación de la libertad como una poción mágica que nos dará la paz y la tranquilidad de que gozábamos en un pasado añorado e idílico. Y en realidad más prisión no significa menos delito, como quedara evidenciado con las reformas de Ruckauf del 2000 y de Blumberg de 2004.

II. Respecto al reclamo de que chicos de 14 y 15 años vayan a prisión, ello sería en cuanto se les impute delitos graves. Y aquí hay dos cuestiones que hacen que una medida de esta naturaleza resulte inocua. En primer lugar, los jóvenes de esas edades no suelen cometer delitos graves sino leves. Según datos oficiales sólo uno de cada diez homicidios dolosos son cometidos por menores de 18 años, y cabe inferir que la mayoría de ellos los perpetran adolescentes de 16 ó 17, por lo que los cometidos por chicos de 14 ó 15 son harto infrecuentes y por ello generan tanta conmoción.
En segundo lugar, dada la pervivencia de la impronta tutelar que confunde los casos sociales con los penales y permite que el Estado obre con discrecionalidad, en los supuestos de menores a quienes por su edad no se los puede perseguir y juzgar penalmente, de todas formas en los casos de delitos graves se los priva de libertad; aunque no se hable de prisión preventiva y se mencionen otras etiquetas como “medida cautelar”, “medida de seguridad”, “internación provisoria”, lo cierto es que el jovencito permanece privado de su libertad sin juicio y en consecuencia sin que se acredite que haya cometido el hecho que se le atribuye.
Por eso es que muchos estarían de acuerdo en la rebaja de la edad para que el chico tenga las mismas garantías que los menores que son atrapados por el sistema de justicia penal (de 16 a 18 años). Sin embargo, en términos del mencionado reclamo de privación de libertad creemos que nada cambiaría sustancialmente.

III. De todos modos, corresponde aclarar que cuando se legisla en materia de justicia penal juvenil, los legisladores nacionales y provinciales no pueden decidir lo que se les ocurra sino que deben guiarse por la Convención de los Derechos del Niño (suscripta por todos los países excepto Estados Unidos y Somalia), que posee jerarquía constitucional. De lo contrario, una norma que contravenga los principios allí contenidos deberá ser declarada inconstitucional y podrá acarrear responsabilidad internacional al Estado Argentino.

IV. Los Estados tienen libertad para fijar la edad a partir de la cual se podrá perseguir penalmente a un niño, considerándose niño a todo aquel que no haya alcanzado los 18 años, que ahora se corresponde en nuestro país con la mayoría de edad. Sin embargo, las Naciones Unidas han recomendado que no se establezca en una edad demasiado temprana, teniendo en cuenta las circunstancias de inmadurez emocional, mental e intelectual.
La mayoría de los países de América Latina han fijado la edad a partir de la cual se puede perseguir penalmente a un niño en 12 años. Y si notamos que muchos de esos países tienen índices delictivos superiores a los nuestros y mucha más violencia (por ejemplo, Brasil, El Salvador, Guatemala, Venezuela), cabría preguntarse: ¿de qué sirve?, ¿no será que la cosa pasa por otro lado?; no por juzgar y castigar sino por prevenir, contener y evitar que los jóvenes a temprana edad ingresen a la senda de las adicciones y el delito; controlar los mercados ilegales, que suelen tener protección oficial (por ejemplo, desarmaderos, tráfico de drogas y de armas) y se valen de chicos, como elementos fungibles y descartables de una cadena delictiva macabra.
Según las directrices de la Convención debe existir un régimen especial para menores diferenciado de los adultos a cargo de funcionarios especializados. El menor debe tener las mismas garantías penales y procesales que asisten a los adultos más otras propias de su condición de inmadurez. Nuevos avances en las investigaciones neuro-científicas dan cuenta que el cerebro de los adolescentes no se encuentra completamente maduro hasta por lo menos los 18 años. Por eso suelen ser impulsivos e inestables, al no tener suficientemente desarrolladas las regiones que regulan las emociones y el razonamiento moral. A ello debemos adunar los problemas que trae la subalimentación en el desarrollo mental en los primeros años de vida y -desde luego- las carencias afectivas y educativas que marcan a fuego al ser humano.

V. La Corte Nacional, en el caso “Maldonado” de 2005, destacó la personalidad inmadura de los menores en la esfera emocional, lo que hace que el reproche y su pena deban ser inferiores. Por eso, carece de todo andamiento lógico y científico la peregrina posición que postula como eslogan “delito de adulto, pena de adulto”. Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos señaló que los menores de 16 años presentan menor capacidad para controlar conductas y pensar a largo plazo, por lo que la culpabilidad del joven es diferente a la del adulto (caso “Thompson vs. Oklahoma”, de 1988).
La Convención consagra la protección integral y el “interés superior del niño”, por eso la pena se concibe como una herramienta eminentemente educativa; la detención constituye el último recurso y debe proceder durante el período más breve, debiendo utilizarse medidas alternativas. También prohíbe la aplicación de la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación; como Argentina aplicó varias desde los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emplazado al Estado Argentino -considerando que ha violado normativa interamericana- a que revise esas condenas, que se apliquen los estándares internacionales en la materia, y que se dispongan medidas legislativas para que el sistema de justicia penal juvenil sea compatible con las obligaciones internacionales en materia de protección especial de los niños y de la finalidad de la pena.

VI. Ahora bien, no hay establecimientos adecuados y suficientes, por tanto si se piensa en aumentar el número de privados de libertad, ¿dónde se alojaría a los menores en conflicto con la ley penal para brindarles el tratamiento necesario? Otra vez se pretende poner el carro delante de los caballos. Debe recordarse que la Corte Nacional ha prohibido el alojamiento de menores en comisarías.

VII. Por otro lado, resulta ingenuo sostener que la rebaja en la edad de perseguibilidad llevará a que los menores que delinquen para adultos brinden esa información a la justicia. Ello también se predicaba respecto a la persecución penal de los consumidores de droga que no sólo no permitió detectar a los narcotraficantes sino que hizo que los tribunales se abarrotaran de causas menores y no impidió que el tráfico y el consumo crecieran significativamente.
En ese contexto de utilización de menores por parte del crimen organizado y siguiendo esa lógica, ¿les importa a los jefes que puedan caer presos sus “soldaditos”?, ¿no les resulta fácil reemplazarlos? A todo evento ¿sería descabellado sostener que las mafias recluten a chicos de 13 años? Recordemos que el ex ministro de Seguridad Carlos Stornelli denunció que policías retirados y en actividad contrataban menores para robar automóviles y matar a sus propietarios con el objeto de desestabilizarlo.

VIII. En definitiva, creemos que alguna vez los argentinos deberíamos aprender que no hay soluciones simples para problemas complejos; que estos asuntos deben tratarse con racionalidad y prudencia, sin caer en simplificaciones ni propugnar soluciones mágicas e inmediatas, enmarcadas en el neopunitivismo demagógico. Claro está, resulta más sencillo y rápido modificar leyes, aunque sobrevenga frustración tras frustración, que llevar adelante, con recursos suficientes, planes sociales a largo plazo (no menos de una década) como se instrumentaron en Bogotá, por caso, y cuyos resultados puedan quizá apreciarse en otra administración.
Sería todo un detalle que se observara que los países desarrollados, con menos delitos y violencia no son los que más reprimen sino los menos desiguales, los más justos y educados. Para hacer retroceder el delito se requiere hacer avanzar los derechos sociales, laborales, económicos y culturales, para que nuestros jóvenes puedan tener en sus manos un libro, una herramienta o una pelota, en lugar de un “porro”, una botella de alcohol o un arma.

José Luis Ares es juez en lo Correccional. Profesor adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal (UNS). Profesor de postgrado.

Autor: José Luis Ares