La justicia bahiense, es la misma Locales

Fecha: Lunes, 31 Octubre, 2011 - 10:10

¿Y qué iban a decir?

Pese a los sólidos argumentos esgrimidos por el fiscal Córdoba al elevar el pedido, la Cámara Federal de Apelaciones desestimó la recusación de Luis María Esandi, el letrado que dejó en libertad a Hugo Mario Sierra.

La Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad rechazó en las últimas horas el pedido de recusación contra el abogado Luis María Esandi, que el fiscal Abel Córdoba elevó a fines de septiembre pasado.
Como se recordará, Esandi actuó como juez ad hoc sobre la situación del imputado Hugo Mario Sierra, detenido entonces por orden del Tribunal Oral Federal que se encuentra enjuiciando a diecisiete represores, acusados de cometer gravísimos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.
Sierra fue, durante la segunda mitad de la década del ’70, secretario del ex juez federal Guillermo Federico Madueño. Numerosos testimonios lo implican, junto a su colega Gloria Girotti, en graves violaciones a los derechos humanos. Incluso, se le imputa haber participado en interrogatorios bajo tortura. Cinco sucesivos pedidos de detención contra Sierra y Girotti elevó en los últimos diez meses el fiscal Córdoba al juez vitalicio Alcindo Álvarez Canale, quien finalmente llamó a Sierra a comparecer como imputado a principios de este mes.
El Tribunal ordenó la detención del ex secretario de Madueño el 13 de septiembre, luego de escuchar el testimonio del ex legislador provincial Mario Medina, que refrendaba lo plasmado en los escritos de Córdoba.
La situación de Sierra, detenido el mismo día en que se emitió la orden, cayó en manos del Juzgado de primera instancia. Su titular, Alcindo Álvarez Canale solicitó intempestivamente una licencia. Tras la excusación de Santiago Martínez, la Cámara Federal designó, como magistrado ad hoc, al abogado Luis María Esandi.
Esandi dispuso la liberación del imputado el 14 de septiembre, pero la fiscalía apeló el fallo y solicitó la recusación del juez ad hoc con sólidos argumentos.

Es parte del circo
El primer argumento que expresa la Fiscalía es que Esandi es el apoderado de la Sociedad Militar Seguro de Vida, institución mutualista que administra los haberes de una larga lista de represores a los que se acusa de formar parte de la misma asociación ilícita por la que se imputa a Sierra. Incluso, la mencionada Sociedad Militar aconseja a sus miembros cómo eludir posibles embargos judiciales a partir de sus procesamientos.
Si el dato sirve para “abonar el temor de parcialidad” sobre las decisiones de Esandi en torno a Sierra, otros dos contribuyen a elevarlo.
Sierra es revisor de cuentas de la Caja de Previsión para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad. En el Consejo Directivo de esa entidad, Esandi es vicepresidente primero. Pero hay más: ambos accedieron a sus respectivos cargos a partir de candidaturas presentadas por la misma lista, denominada “Integración”.
“Lo reseñado permite inferir que la confluencia del imputado y el magistrado en la misma lista interna resulta posible a partir de un acuerdo base acerca de una actuación política a desarrollar de modo coordinado, en un ámbito específico, a partir de cierta comunidad de intereses, ideas y/o conveniencias entre imputado y juez “ad hoc” y que se plasma en continua toma de decisiones, consultas y ámbitos de consensos que ambos conforman”, indicaba el escrito de Córdoba.
En el mismo sentido, por otra parte, Esandi y Sierra compartieron hasta septiembre pasado la condición de docentes del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
En 2002, ambos formaron parte de la misma lista de candidatos a cargos electivos en la mencionada unidad académica. La agrupación a la que representaban se denominaba “Fundacional”.
“En este caso, la confluencia de ambos data del año 2002, lo que da cuenta que la actuación conjunta no es algo aleatorio o acotado al ámbito colegiado, sino que ha sido sostenido a lo largo de los años”, infería el documento elevado por el fiscal Córdoba a la Cámara Federal a fines del mes pasado.
Pese a ello, la mencionada Cámara decidió no dar curso al pedido de recusación de Esandi, entendiendo que “sólo puede considerarse probado que el juez ad hoc conoce al imputado, pero que ambos tienen trato sólo accidentalmente y en ámbitos académicos o profesionales”.
La determinación llega cuando ya Esandi no se encuentra a cargo de la causa, puesto que expiró la licencia solicitada por Alcindo Álvarez Canale. De todos modos, los magistrados Augusto Enrique Fernández y Ángel Alberto Argañaraz emitieron su fallo para anticiparse a cuestionamientos similares en el futuro.

El lado oscuro de la justicia
Los nombres de Augusto Enrique Fernández y Ángel Alberto Argañaraz están acompañados por el de Ricardo Planes en la triste historia de impunidad en Bahía Blanca. Son los tres camaristas responsables de haber brindando en mayo pasado el beneficio de la excarcelación a 36 represores procesados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, algunos de los cuales hoy están siendo juzgados en la Causa Ejército. Aun cuando la Corte Suprema de Justicia dictara medidas en contrario, estos tres camaristas -que comparten dictámenes con el asesor universitario del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército Argentino en la década del ‘70 Néstor Montezanti- los habían dejado en libertad.
La medida de los camaristas no ha recibido hasta el momento sanción por parte de ninguna instancia superior. Como es de público conocimiento uno de los represores, Miguel Ángel García Moreno, está prófugo, beneficiado por aquella medida. ¿No era que se presentarían espontáneamente cuando fueran citados? ¿Conoce la ciudadanía las sumas de dinero del erario público que se dilapidan detrás de estas acciones? Augusto Enrique Fernández, Ángel Alberto Argañaraz y Ricardo Planes deberían informar, en su carácter de funcionarios públicos, las consecuencias de sus medidas.

Espacio editorial
La lacra de nuestras Fuerzas Armadas está siendo juzgada en un juicio histórico, en democracia, con plenas garantías para los represores acusados de secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que soñaban -por qué no repetirlo- con un mundo pleno de dignidad y justicia social.
A esta altura, la ostensible preocupación del diario naval La Nueva Provincia y de algunos integrantes de la justicia local tiene que ver con una defensa corporativa que sabe que apenas se comiencen a indagar las responsabilidades civiles durante la última dictadura militar, quedarán en su justo lugar para siempre la memoria de personajes nefastos como por caso la fallecida directora Diana Julio -aquella que celebraba en la tapa de los diarios y en la intimidad cada visita a la ciudad del almirante represor Massera-, aun cuando nunca se pueda avanzar con la investigación de los magnánimos incrementos patrimoniales de esa época de “dirigentes” asociados en bolsas comerciales y de otra calaña.


Autor: Redacción EcoDias