UNS y dictadura Locales

Fecha: Miércoles, 27 Abril, 2011 - 21:53

¿Una mancha más al tigre?

Bajo la objeción del “vacío legal” que la medida ocasionaría, el oficialismo consiguió mayoría en el Consejo Superior Universitario para impedir la derogación del Reglamento de admisión y disciplina para alumnos que data de la dictadura e incluye severas restricciones a la actividad gremial y política dentro de la casa de estudios. El proyecto vuelve a comisión.

El miércoles 13 tuvo lugar un nuevo plenario ordinario del Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano resolutivo de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
El temario pautado para la ocasión incluía casi medio centenar de puntos, entre los que se encontraba el proyecto presentado por el grupo estudiantil Generación UNS, que proponía la derogación del “Reglamento de admisión y disciplina para los alumnos de la Universidad Nacional del Sur” que data de los primeros tiempos de la última dictadura militar (1976-1983).

Memoria de los años de plomo
La Resolución que pone en vigencia el mencionado Reglamento está fechada el 28 de septiembre de 1977. En aquellos tiempos, gobernaba el país la junta militar encabezada por el represor Jorge Rafael Videla, cuyo gobierno cercenó derechos básicos y limitó las expresiones de protesta y la participación ciudadana en cualquier esfera de la vida pública.
Tanto el pensamiento como la prosa castrense impuesta entonces se deja ver en el Reglamento universitario, firmado por el interventor a cargo del rectorado, el ingeniero agrónomo Julio Lucero, y el doctor Alfredo Allan, a cargo de la Secretaría General Académica.

Admisión
El primer título del documento promulgado en 1977 trata sobre las condiciones que a partir de su sanción se requerirían para admitir como alumnos a los aspirantes a cursar en la UNS.
Además de los requisitos administrativos y académicos habituales, la normativa consideraba un impedimento para la admisión que los aspirantes registraran “antecedentes de carácter subversivo o actividad disociadora en los respectivos organismos de seguridad”. También excluye a los procesados o condenados por presunta comisión de delitos “con relación a la seguridad nacional”. Finalmente, tampoco admite a los presos políticos puestos a disposición del Poder Ejecutivo “en virtud de la vigencia del Estado de Sitio”.

Sanciones
El segundo título detalla las sanciones previstas para una serie de comportamientos que consideraba sancionables, como la “desobediencia (sic) a las órdenes o directivas impartidas por un profesor, docentes auxiliar o autoridad universitaria, dirigidas a mantener el orden o evitar acciones de indisciplina cuando no implique una falta mayor”.
También enumera como causal de una sanción de entre un mes y un año de suspensión el demostrar “actitudes, expresiones o presentación personal contrarias al decoro o las buenas costumbres”, aunque no detalla cuáles serían dichas actitudes o expresiones.
Tampoco explica qué entiende por “inconducta en locales de la Universidad o en sus inmediaciones”, punto que también incluye el apartado de la normativa.
Sí es explícita, en cambio, en su artículo quinto, que prevé una pena de suspensión de dos a seis años “o expulsión” a quienes realizaran “en la Universidad actividades que asuman formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter público o gremial, docente, estudiantil y no docente”.
Las sanciones aplicadas suponía la privación del acceso a los edificios universitarios, la quita de la Libreta Universitaria y la prohibición de acceder a cualquier tipo de beneficio previsto para el claustro estudiantil.
Como autoridades de aplicación, el texto indicaba a los Directores de los Departamentos para el caso de suspensiones y apercibimientos y dejaba en manos del rector interventor la potestad de expulsar a un alumno. En este último caso, la medida incluía la comunicación a las restantes universidades nacionales acerca de la determinación. Si se tiene en cuenta que el propio Reglamento se impedía de aceptar a estudiantes expulsados de otras casas de estudios, bien puede concluirse que tal sanción significaba en los hechos la proscripción del sancionado en todo el ámbito académico argentino.

Increíble pero real
Asombrosamente, el Reglamento sancionado en 1977 sigue vigente en la UNS luego de trascurridos veintisiete años desde la recuperación de la democracia en el país.
Por ello, el grupo estudiantil Generación UNS -con representación en el recinto- elaboró un proyecto que proponía la derogación del texto, cuyos puntos más groseros son hoy inaplicables en los hechos. El texto de derogación fue respaldado en la Comisión de Interpretación y Reglamento por firmas de consejeros de otros claustros, pertenecientes a las listas docentes Línea Phi e Integración y la no docente Azul.
El proyecto enumera entre sus considerandos el que “en la fecha de su aprobación, la Universidad Nacional del Sur se encontraba intervenida y privada de sus derechos estatutarios, por decisión del gobierno de facto”.
También dedica parte de su fundamentación a señalar los párrafos más groseros del texto original. Por caso, indica que “según el Estatuto de la UNS, el grado de igualdad entre los alumnos y los demás integrantes de la comunidad universitaria es tal, que establece un sistema de cogobierno por claustros, donde los alumnos tienen la misma cantidad de representantes que el claustro docente”.
Por otra parte, recuerda que “sobre la base de garantías constitucionales y estatutarias, la condición de ‘alumno’ no implica en grado alguno la inferioridad con respecto al resto de los integrantes de la UNS, por lo que tener un ‘Reglamento de Admisión y Disciplina para los Alumnos de la UNS’ resulta discriminatorio en sentido negativo”.
 Además, ofrece un repaso por los distintos proyectos modificatorios presentados desde 1991. Todos “mantienen una concepción represiva y un régimen de sanciones que no se condice con el carácter ciudadanos adultos que los alumnos tienen, incluyendo términos que provienen de la norma objetada como ‘desobediencia’, ‘acatamiento’, ‘impartición de órdenes’”, según expresa otro de los considerandos del proyecto de “Generación”.
Finalmente, los promotores califican como “inadmisible que la Universidad Nacional del Sur continúe, 28 años después de la restitución del sistema democrático, rigiéndose por normas aprobadas durante el período dictatorial”, al tiempo que proponían la derogación de la normativa vigente e “instar a la Comisión de Interpretación y Reglamento, a la mayor brevedad posible, que elabore una Carta de Derechos y Obligaciones aplicable a todos los miembros” de la UNS.
A la hora de la votación, el oficialismo de la lista “Blanca” a que pertenece el actual rector Crapiste cerró filas con las listas docentes Universidad y Auxiliares del Sur e incluso las de estudiantes MNR Desafíos y Unidad, quienes votaron en contrario y enviaron el texto nuevamente a Comisión. El argumento utilizado por el oficialismo ampliado fue que la derogación de la normativa crearía un “vacío legal” en la regulación de la esfera pública en la UNS.

Cien por ciento de acuerdo
Otro de los puntos a que dio tratamiento el CSU en su reunión plenaria del último miércoles 13 estuvo vinculado a la posibilidad de incrementar el monto otorgado a estudiantes en concepto de Becas de Estímulo al Estudio.
El CSU resolvió otorgar un cien por ciento de aumento en los montos del beneficio a percibir, que pasará a ser de dos mil pesos, pagaderos en diez cuotas iguales y sucesivas.
Por otro lado, también ingresó sobre tablas al recinto el proyecto que proponía elevar a dos comidas diarias las becas alimentarias de la UNS, que se articulan a través del comedor universitario que funciona en la casona de Avenida Alem y San Juan.
La medida fue tomada luego de que el servicio prestado por el concesionario se extendiera a la oferta de cenas, y será aplicada al menos hasta el 30 de noviembre de 2011.

Autor: Redacción EcoDias